El secretario argentino de Energía, Javier Iguacel, defendió hoy la legalidad de una subida del precio del gas retroactiva por la devaluación de la moneda del país, que encareció las importaciones para las empresas, después de que ese aumento de tarifas que fuese denunciado por un fiscal.
En una resolución de la semana pasada, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó, además de una actualización de las tarifas futuras por la inflación, un incremento del precio del gas consumido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, un periodo en el que el dólar se disparó un 98,5 % frente al peso.
En esos meses, correspondientes al invierno austral, el consumo aumenta y las distribuidoras se ven obligadas a la importación a terceros países, por ejemplo Bolivia, por lo que la devaluación impactó directamente en sus costes, según el secretario, que afirmó: «El insumo estuvo siempre dolarizado, el 70 % de su matriz lo está».
El incremento se dividirá en 24 cuotas a partir del 1 de enero del próximo año, y supondrá un promedio de entre 90 y 100 pesos (2,34 y 2,60 dólares de acuerdo al tipo de cambio de hoy) más en la factura de cada mes, afirmó Iguacel.
Sobre la retroactividad de la medida, uno de sus puntos más polémicos, explicó que las compañías energéticas solo están obligadas a comprar anticipadamente el 50 % de la materia prima, mientras que la otra parte puede ser adquirida en el transcurso del invierno, pero la ley establece que con estas adquisiciones las empresas «no pueden perder ni ganar».
De este modo, si el coste de las compras a las productoras hubiese sido menor, se hubiese reducido el precio al consumidor, pero un coste mayor debe ser repercutido asimismo a los clientes, aseveró Iguacel.
«Siempre hubo correcciones, pero eran pequeñas y no nos dábamos cuenta», declaró el funcionario, y aseguró que la ley fija que los aumentos se hagan en los siguientes seis meses, y optaron por trasladarlo en dos años para minimizar el impacto en los usuarios.
La resolución del Enargas, publicada el pasado viernes estableció esta subida retroactiva «en forma transitoria y extraordinaria» como un «mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas» entre el precio fijado en los contratos, con un dólar mucho más bajo, y el coste que tuvieron las empresas tras la devaluación.
Por esta decisión, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó hoy una denuncia penal contra el secretario de Energía por «abuso de autoridad» y «violación a los deberes de funcionario público», al señalar que el decreto «provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores».
El fiscal aseguró que un aumento no puede tener efectos retroactivos, porque los clientes ya han pagado el servicio y «uno de los efectos del pago es la cancelación total», y solicitó a la Justicia que anule el incremento de manera cautelar. EFE