Joel García, abogado defensor del concejal venezolano Fernando Albán, quien falleció el lunes pasado cuando se encontraba en un edificio policial y bajo custodia del Estado, señaló hoy que las presuntas pruebas de la Fiscalía contra el opositor son desde su muerte «totalmente ilícitas«.
García dijo a Efe que «los videos y contenido del teléfono del que habla el fiscal (Tarek Saab), si son ciertos, puedo decir que son pruebas totalmente ilícitas» debido a la «extinción de la acción penal».
El abogado detalló que en vista de que no se había presentado tal evidencia, con el fallecimiento de Albán cesó cualquier acción penal sobre su defendido y «si él (Saab) obtuvo posterior a la muerte ese contenido, está violando la ley, porque no hay acción penal contra esa persona», explicó.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, ratificó ayer que Albán, detenido el viernes por estar supuestamente implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó tras informar que las conclusiones preliminares de la investigación así lo revelan, una tesis que rechaza el antichavismo, que denuncia el «homicidio» del concejal.
También dijo Saab que, como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ha recabado «1.272 notas de voz» de su celular, 2.400 documentos en correos electrónicos y 2.084 videos.
«De estos videos, sin adelantar elementos criminalísticos que viole la reserva legal, pudiera decir que muchos pudieran explicar la conducta lamentable del ciudadano Albán al momento de atentar contra su propia vida«, añadió Saab sin ofrecer más detalles.
En ese sentido, García recalcó que «para que pueda procederse a un vaciado de contenido (la Fiscalía) tiene que estar autorizada por un tribunal» lo que asegura que no ocurrió pues el tribunal de la causa «no estuvo de guardia ni sábado ni domingo».
«Entonces esa autorización tuvo que haber sido posterior a la extinción de la acción penal«, dijo.
«En consecuencia, eso es nulo de toda nulidad», concluyó García.
Dirigentes opositores cuestionan la hipótesis del suicidio de Albán y aseguran que este fue «simulado» para «ocultar torturas» que, denuncian, le habrían ocasionado la muerte al político.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.
Albán fue detenido el viernes pasado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cuando llegaba de Estados Unidos y fue acusado de estar presuntamente implicado en el atentado fallido que sufrió Maduro el pasado 4 de agosto. EFE
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