Autoridades de Ecuador deslindan culpa por fuga de Alvarado

Fernando Alvarado llega a la Fiscalía rodeado de agentes del GIR, el 8 de agosto de 2018. Captura de pantalla de la transmisión del UdlaChannel.

Varias autoridades ecuatorianas convocadas hoy a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que explicaran la fuga del país de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), deslindaron su responsabilidad en el caso.

Andrés Michelena, actual secretario de Comunicación; Jorge Costa, director del Centro de Inteligencia Estratégica, y Rubén Robayo, director del Sistema de Vigilancia ECU-911 aclararon además, ante el pleno de la Asamblea, las obligaciones de las entidades que dirigen.

Alvarado es investigado por la Justicia en un caso de supuesta malversación de fondos públicos, que niega, y estaba sometido a llevar un grillete electrónico desde agosto pasado, aunque el pasado 20 de octubre las autoridades confirmaron que se lo había quitado y que no sabían de su paradero.

«La fuga de Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación del Gobierno anterior, ha sido un golpe bajo en la lucha contra la corrupción«, dijo hoy Michelena ante el pleno de la Asamblea Nacional, que investiga la huida del acusado.

Michelena, en declaraciones reproducidas por la Asamblea, insistió en las denuncias contra Alvarado por el supuesto mal manejo de los medios de comunicación durante su Administración, pero descartó que hayan incurrido en acciones u omisiones o que tenga alguna responsabilidad en la fuga.

Además justificó anteriores declaraciones suyas sobre el pedido a los jueces para que impongan medidas cautelares más fuertes a exfuncionarios del periodo de Correa y dijo que el actual Gobierno respeta a las otras funciones del Estado.

«No vamos a interferir en las decisiones de las autoridades de control», agregó Michelena al insistir en que la Contraloría ha advertido de once indicios de responsabilidad penal contra Alvarado quien, además, tiene en su contra una boleta de captura internacional por parte de la Interpol.

De su lado, Costa, director del Centro de Inteligencia Estratégica, señaló que la entidad que dirige se encarga de indagar amenazas y riesgos contra la seguridad del Estado.

«Nuestro trabajo es entregar información, que no sirve de base para un proceso legal», agregó Costa al aclarar que el Centro de Inteligencia no realiza actividades de investigación judicial.

Explicó que tampoco es de su competencia el control de los grilletes electrónicos, que tienen a cargo otras instituciones.

De su lado, Robayo también aclaró que las competencias del ECU-911 no abarcan el monitoreo de los grilletes electrónicos, cuya responsabilidad es del Ministerio de Justicia.

El ECU-911 se creó para atender las emergencias, aclaró.

Tras finalizar las intervenciones, el legislador Luis Pachala planteó la moción para que en una próxima sesión del Pleno de la Asamblea se evalúen las comparecencias y que se revise la información escrita de las autoridades.

Sólo después de ello la Asamblea Nacional tomará una decisión, apuntó Pachala, cuya moción fue aprobada en el pleno del Legislativo.

La fuga de Alvarado ha levantado una ardua polémica en el país sobre la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión, como el uso de grilletes electrónicos.

Además, el caso de malversación por el que es investigado Alvarado también ha salpicado al ex subsecretario de Comunicación Marco Antonio Bravo por un supuesto doble pago a la firma Gota Azul, de su hermano Carlos, durante el Gobierno de Correa.

Marco Antonio Bravo, en una rueda de prensa ofrecida hoy, se defendió de las acusaciones, dijo que no abandonará el país y que responderá ante el tribunal que lo ha vinculado en el caso.

Pidió al juez de su causa que no dicte una orden de prisión preventiva en su contra, pues dijo que preferiría defenderse en libertad. EFE

(I)

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