Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Nuevamente la Vicepresidencia de la República es fuente de inestabilidad y foco de crisis. La eliminación de este cargo debería constar en la agenda de la gran reforma constitucional que debemos enfrentar los ecuatorianos si queremos salir de ese pantano creado en Montecristi. En muchas naciones –Chile, por ejemplo– no hay vicepresidencia. El presidente es elegido por la ciudadanía en sufragio universal sin acompañante alguno. En muchos de esos países, la sustitución del presidente por razón de impedimento definitivo la hace, por ejemplo, un ministro según un orden de prelación legal establecido, quien deberá convocar a nuevas elecciones inmediatamente para elegir al nuevo presidente. En otros casos, esa convocatoria a elecciones la hace el presidente del Senado, allí donde exista esa cámara.
Nuestra más reciente experiencia con la crisis vicepresidencial trae, sin embargo, un grave y turbio ingrediente adicional. La operación de salida de la exvicepresidenta –denuncia periodística, apertura de investigación penal, retiro de funciones asignadas y renuncia, todo en pocos días– se hizo de tal manera que parece quedar bajo la alfombra el monumental hecho de corrupción en que ella habría estado implicada. Intencionalmente o no, lo cierto es que parecería que a las fuerzas políticas más las movió el deseo de zafarse de la exvicepresidenta que investigar y sancionar su conducta. La impunidad sería de esta forma el precio que los ecuatorianos tendríamos que tragarnos para que las crisis políticas sean resueltas a la medida.
El agua de putrefacción que despide la década correísta sigue subiendo de nivel. Ya no hay delito que esta gente no habría cometido. Y a pesar de ello la mayoría de los capos de esta mafia siguen tranquilos. Saben que el tiempo corre a su favor. Saben que cada día que pasa es un día que ganan para seguir ocultando y lavando sus fortunas mal habidas. Para ello y para su defensa legal cuentan con millones de dólares, pero sobre todo cuentan en el país con toda una estructura institucional que dejaron para su protección. Sus métodos de lavado deben ser similares a los usados por los carteles colombianos y las oligarquías venezolanas y cubanas, y no es de extrañarse que buena parte de los fondos sean lavados dentro del Ecuador (condominios, hoteles, ganado, etc.), mientras que otros estén en cuentas de jurisdicciones opacas.
La creación de una comisión internacional auspiciada por la ONU al estilo de Guatemala –no como la creada en Honduras con la asistencia de la OEA, que resultó un fracaso– ha sido lamentablemente descartada por el Ejecutivo, a pesar de que fue un ofrecimiento de campaña luego de que Lasso la había propuesto. Entre otros, se ha invocado el extraño argumento de que ese organismo violaría nuestra soberanía. Eso es como oponerse a un acuerdo con el FMI o abandonar la dolarización por razones de soberanía. Pero como la soberanía radica en el pueblo, ¿por qué no ha de ser la ciudadanía la que se pronuncie si desea o no que el Gobierno celebre un convenio internacional como el anotado? Veríamos entonces qué sucede. (O)