El Gobierno sirio recuperó durante 2018 el control de la práctica totalidad del territorio que las facciones opositoras dominaban, permitiendo al presidente Bachar al Asad afianzar su poder y prácticamente arrinconando a las fuerzas contrarias en la provincia septentrional de Idlib.
El año comenzó con una ofensiva gubernamental en la región de Guta Oriental, que quedó totalmente asolada por la violencia de los ataques en esta zona situada a las afueras de Damasco, la capital del país árabe.
El asedio a la región opositora de Guta Oriental duró cinco años, de 2013 a 2018, y fue «el más largo de la historia moderna», según la Comisión Internacional de Investigación de la ONU para Siriaen su informe sobre los crímenes cometidos por ambas partes beligerantes durante la batalla final que se inició a finales de febrero.
El control completo de Guta Oriental el pasado 14 de abril coincidió con un ataque tripartito lanzado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra posiciones de Al Asad asociadas al programa de armamento químico en Siria.
Se produjo en respuesta a un supuesto ataque químico en la ciudad de Duma por parte del Gobierno que causó la muerte de 42 personas, según la Defensa Civil Siria, los llamados «cascos blancos», que opera solo en áreas bajo dominio opositor.
Una vez finiquitada la campaña militar contra Guta, las tropas sirias y sus aliados pusieron el punto de mira en el campo de refugiados palestinos de Yarmuk, el último reducto insurgente en la provincia de Damasco, y lo controlaron el 21 de mayo declarando así «libre de terroristas» la capital de Siria.
Lo siguiente fueron las provincias sureñas de Deraa y Quneitra, en el sur y fronterizos con Jordania y los Altos del Golán, ocupados por Israel.
La «liberación» abrió las puertas al puesto fronterizo de Nasib, uno de los cruces comerciales más importantes en la región que permaneció cerrado durante años por el conflicto y por el que ya transitan vehículos y personas desde Jordania hacia Siria.
La campaña militar, al igual que en el resto de las ofensivas en las regiones con apoyo de Rusia, acabó en julio con los llamados «acuerdos de reconciliación» para evacuar a los opositores alzados contra el Gobierno, que en la práctica suponían una capitulación.
Estos opositores eran evacuados en tandas de autobuses hacia la provincia septentrional de Idlib.
Así las cosas, todo quedó listo para la ofensiva final de Al Asad sobre Idlib, pero la negociación entre Rusia y Turquía ha aplazado un movimiento que podría suponer una catástrofe humanitaria.
El pasado 17 de septiembre, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rubricaron un pacto para detener la inminente campaña militar.
Se creó una franja desmilitarizada de entre 15 y 20 kilómetros, que abarca las provincias norteñas de Idlib, Hama, Alepo y Latakia, para su control por parte de ambos países, aunque se suceden violaciones prácticamente a diario por las dos partes del conflicto.
Las negociaciones internacionales que se han sucedido a lo largo de este año, tanto en Ginebra como en Astana, no han llevado a ninguna solución al conflicto.
De hecho, el enviado especial de la ONU para Siria, Steffan de Mistura, anunció el pasado octubre su dimisión del cargo, reemplazado durante este mes por el noruego Geir Pedersen.
Mientras tanto, el Estado Islámico aguanta en una zona desértica de la provincia oriental de Deir al Zur y Al Hasaka en la que las Fuerzas de Siria Democrática, una alianza liderada principalmente por kurdos y apoyada por la coalición internacional liderada por EEUU, les enfrenta en su último reducto en el país.
Los yihadistas siguen resistiendo y en julio lanzaron contra la provincia sureña de Al Sueida, una región de mayoría drusa, uno de los ataques más sangrientos desde el comienzo del conflicto en 2011, acabando con la vida de más de 300 personas.
Con el final de la guerra más cerca, las autoridades sirias y libanesas han ido organizando el regreso de miles de refugiados hacia sus zonas de origen después de estar asentados durante años en el país vecino. EFE