Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
La semana pasada tuvo lugar en la Asamblea un hecho muy decidor. Un asambleísta había logrado que se incluya en el orden del día un borrador de una resolución de su autoría para que sea votada en el pleno. Aunque por lo general las resoluciones que adopta la legislatura no son jurídicamente vinculantes, ellas tienen un valor político incuestionable, pues, expresan la posición oficial de un órgano que es esencialmente político. La resolución se limitaba a exhortar al presidente de la República a negociar y celebrar un convenio internacional con la Secretaría General de la ONU para luchar contra la impunidad en el Ecuador. Una comisión similar a la que con tanto éxito viene trabajando en Guatemala desde hace varios años, y que ha colaborado en el fortalecimiento institucional y desarrollo técnico tanto de la fiscalía como del poder judicial. Un aporte que no es desconocido a los gremios empresariales –cámara de comercio, cámara de industrias de Guayaquil, etc.–, círculos académicos y medios de comunicación de nuestro país por las visitas e intercambios que se han hecho para conocer de su funcionamiento. Era, como decía, una simple resolución sin carácter vinculante.
¿Y que fue lo que pasó? Al momento de someter a votación la bancada vinculada con la mafia que nos gobernó por una década maniobró y dejó sin quórum al recinto parlamentario para que la resolución no sea sometida a votación, como, en efecto, sucedió. Las expresiones de júbilo no se ocultaron por los parlamentarios “ganadores” que ni siquiera quieren debatir sobre este tema. Y eso a pesar de que se trataba, como decía, de una simple resolución no vinculante.
Lo sucedido es explicable. La mafia del exdictador sabe que hoy va ganando su batalla en favor de su impunidad, sabe que entre más tiempo el Ecuador se demore en tomar una medida tan radical y profunda como la que adoptaron los guatemaltecos, a nuestro país le será más difícil recuperar los setenta mil millones de dólares que se robaron, y a ellos les será más fácil salir bien librados en lo personal. Saben que, con un par de denuncias por aquí, un juicio por allá o uno que otro preso más acá es dar suficiente circo. Es un juego bien calculado para el cual cuentan con recursos y experiencia.
Como lo señala la prestigiosa publicación Cleary Enforcement Watch, el trabajo de la comisión en Guatemala es encomiable. Ella ha provocado una masiva adhesión de la ciudadanía, incluyendo los empresarios y militares, hastiados de la corrupción. La Unión Europea –que es el mayor donante que financia sus operaciones– le ha expresado igual adhesión a este organismo que, entre otras cosas, ha logrado recuperar millones (de Odebrecht, etc.), ha enviado a prisión a dos expresidentes, así como a ciertos empresarios corruptos y a narcotraficantes, y tiene en jaque al actual mandatario.
La derrota que sufrió el diputado Callejas la semana pasada era previsible. Pero más grande e importante es la decencia de una nación que no quiere seguir presa del engaño colectivo.