No hay excusas

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Enero terminó con un hecho de gran trascendencia. En su último día, y gracias a la persistencia del asambleísta Callejas, la Asamblea Legislativa aprobó una resolución exhortando al presidente de la República a celebrar un convenio con la ONU para crear una comisión internacional que asesore al Ecuador en la lucha contra la corrupción. Ahora es el cuerpo político, el órgano en el que concurren las diversas formas de pensar de la ciudadanía, el que ha expresado su adhesión a esta iniciativa. Tanto se llenan la boca algunos hablando de “políticas de Estado”, pues bien, aquí hay una y que, de paso, es apoyada por la propia legislatura. Ya no son, entonces, voces aisladas las que exigen suscribir este convenio; ahora hasta el parlamento nacional lo hace.

Una vez que la Asamblea ha expresado su voluntad política, el Ejecutivo deberá proceder a implementarla. Después de todo, la celebración de este tipo de acuerdos cae en su esfera de competencia. Si había un obstáculo político o jurídico capaz de bloquear la creación de dicha comisión, ese obstáculo habría venido de la Asamblea. Pero ahora ya no existe.

La urgencia de crear esta comisión internacional crece cada día. Los hechos de corrupción que involucran fondos públicos y narcotráfico –que serían las dos áreas donde se enfocaría principalmente su asesoramiento– son cada día peores. Por un lado, el país sigue descubriendo que el entramado de corrupción ha sido más extenso y más profundo de lo que parecía. Las delaciones de quien fue superintendente de Odebrecht para América Latina, realizadas en el marco de su colaboración con las autoridades brasileñas, dejan en claro que el muro de impunidad política que ha existido en el Ecuador, y que ha permitido a una mafia enriquecerse desaforadamente, es enorme. Valga recordar que estas revelaciones provinieron del exterior y que si fueron conocidas por el país fue gracias a la prensa.

Y, por otro lado, se sigue confirmando que no hay la suficiente independencia política, recursos económicos y personal calificado para desbaratar a ese andamiaje de corrupción. El Sr. Vidrio pronto podrá salir de prisión, ni sobre él ni sobre ningún otro correísta pesa sentencia ejecutoriada; el Sr. Topic, al que le cayeron millones de dólares del cielo, sigue burlándose con sus teorías cantinflescas; los hermanos Alvarado andan campantes asesorando campañas; Coca Codo Sinclair, en nada; y, sobre todo, la recuperación de los 70 mil millones de dólares robados parece utópica.

Cuando en los años 60 el movimiento contra la discriminación racial en los Estados Unidos llegó a su clímax, a nadie se le ocurrió exigir o esperar que los estados sureños –tan contaminados por el racismo– sean los que adopten una legislación que refleje las demandas de igualdad. Semejante tarea la asumió el gobierno federal, su legislatura, jueces, fiscales y agencias especializadas, todos ellos ajenos a la estructura política del Sur; hasta que con el tiempo las instituciones locales se fortalecieron.

¿Qué excusas tiene ahora el Ejecutivo para dilatar la celebración de ese convenio con la ONU para crear dicha comisión? (O)

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