El secretario Anticorrupción de Ecuador, Iván Granda, entregó este miércoles documentación a la Fiscalía de su país para que inicie las investigaciones de un caso de presunta corrupción que involucra a una firma española y que habría ocurrido durante la administración de Rafael Correa.
En una rueda de prensa, Granda se refirió a una trama que involucra a siete países, entre ellos Perú, Chile, Guatemala, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes y Ecuador.
En esa trama -dijo- se habla de 125 millones de dólares «de pagos por consultarías que nunca se hicieron», de los cuales 9,1 millones le corresponde a Ecuador.
Según el delator del caso, en lo correspondiente a Ecuador estaría involucrada «una empresa de fachada española, que se llama DSC Workshop Obras y Construcciones«, explicó el secretario Anticorrupción.
Y señaló que la Fiscalía tendrá que solicitar información a España, a sus accionistas o sucursales en Ecuador y el resto del mundo en el proceso de investigación.
En la rueda de prensa en la Fiscalía, convocada para informar sobre los resultados de la visita a Brasil por el caso de Odebrecht, de la fiscal genera encargada, Ruth Palacios, Granda dijo que el nuevo caso se trata de una trama «muy parecida a la de Odebrecht».
«Dejémosle a la Fiscalía trabajar. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como Ejecutivo, que es buscar que las cosas se encaucen y cooperar con la administración de justicia como corresponde«, apuntó.
El pasado 28 de febrero, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó de que tras reunirse con autoridades en Brasil, Granda había sido comunicado «sobre un nuevo caso de corrupción vinculado al gobierno anterior».
«Se trata de irregularidades de pagos sobre los 9 millones de dólares dentro de la construcción de los proyectos multipropósitos Baba y Carrizal-Chone (represas hidrológicas), que estuvieron a cargo de la constructora OAS S.A., la cual recibió un proceso de contratación de emergencia que asciende a 130,1 millones de dólares durante los años 2007 y 2013», precisó el comunicado oficial.
De acuerdo a la Secretaría de Comunicación, las autoridades brasileñas ratificaron su compromiso de brindar «todo el apoyo desde el Estado para la investigación» de este nuevo caso de corrupción que «vincula a exfuncionarios públicos» de la administración de Correa (2007-2017).
El exmandatario reside en la actualidad en Bélgica y está siendo investigado en un caso de plagio (secuestro) de un político opositor ecuatoriano en Colombia en 2012.
La denuncia que involucra a la firma española surgió a pocos días de que varios seguidores afines a Correa presentaran ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una petición para iniciar un proceso de revocación del mandato al actual presidente del país, Lenín Moreno, su rival político desde poco después de asumir la presidencia.
A Moreno le acusan de haber incumplido sus ofertas de campaña y también de estar inmerso en acusaciones de corrupción que tienen que ver con la supuesta creación de una empresa «off shore» en paraísos fiscales, en el que supuestamente está vinculado uno de sus hermanos, así como la compra de un inmueble en España.
El mandatario ecuatoriano ha negado tajantemente las acusaciones y ha advertido de que presuntos intereses electorales y también desestabilizadores están detrás de las versiones en su contra. EFE