Editorial de diario El País
Madrid, España
El desarrollo de los acontecimientos en Venezuela supone un lamentable nuevo paso en la degradación de la situación social e institucional que vive el país sudamericano que se acerca cada vez más a un choque civil a gran escala de consecuencias imprevisibles. El intento el martes del presidente encargado, Juan Guaidó, de desalojar del poder a Nicolás Maduro mediante una masiva marcha ciudadana apoyada por el Ejército parece no haber dado resultado inmediato. Al mismo tiempo, la liberación del arresto domiciliario que sufría del líder opositor Leopoldo López por parte de militares leales a Guaidó ha terminado con López y su familia refugiados en la Embajada de España. El régimen de Maduro ha mantenido de su parte a la mayor parte de las Fuerzas Armadas y los incidentes en las calles de Caracas se saldaron en la primera jornada con un muerto, cifra menor que en otras jornadas de represión.
Pero esto no resta gravedad a un nuevo episodio de una situación convertida en un polvorín ante el que la comunidad internacional parece inexplicablemente haberse acostumbrado. Desde que el pasado 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional se proclamó “presidente encargado” de Venezuela, y fue reconocido como la figura necesaria para pilotar una transición a la democracia por las naciones más importantes tanto de América —con la notable excepción de México— como de Europa, se ha perdido un tiempo precioso en la búsqueda de una solución pacífica y viable a una situación que puede desembocar en un baño de sangre en cualquier momento.
Las referencias de Trump a una intervención militar han sido una constante mientras el régimen de Caracas ha contestado con su habitual retórica belicista. Entretanto, no ha habido un solo progreso con visos de una salida pacífica. Todo lo contrario. Los momentos de tensión, como el bloqueo a la ayuda humanitaria en febrero o los enfrentamientos de ayer, se han ido acumulando sin que se concrete un mecanismo que permita una normalización: una parte de la población venezolana sigue padeciendo hambre y falta de los bienes primarios más necesarios. Nadie podrá decir que no se ha enterado de ello.
Particular atención merece la situación de Leopoldo López. Quien ha sido uno de los presos políticos más castigados por el Gobierno de Maduro se ha amparado en territorio español colocando al Gobierno de Sánchez en una inédita posición en la crisis venezolana. España siempre ha sido partidaria de una salida pacífica a la crisis y de la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales libres, transparentes y verificables por la comunidad internacional. Y en línea con la UE ha reconocido a Guaidó. No hay motivo para variar esta posición pero quizás sí para adoptar un papel más activo en la búsqueda de una solución pacífica.