La falta de seguridad para ejercer el periodismo, que se evidenció con el secuestro y posterior asesinato de un equipo de prensa de «El Comercio» el año pasado, es el gran problema de la libertad de prensa en Ecuador, según el informe que presentó este jueves un colectivo regional pro Derechos Humanos.
«Voces del Sur», organización que aglutina a ocho asociaciones latinoamericanas, publicó el informe sobre la situación de la libertad de expresión en la región, en el que Ecuador aparece, no obstante, como uno de los países más seguros para los periodistas, sobre todo a raíz del cambio de Gobierno de 2017.
El representante de la Fundación Andina de Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte, afirmó que el asesinato de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega en abril pasado «puso sobre el tapete los problemas» que afronta el país andino «para que el ejercicio profesional del periodismo se dé en un contexto de seguridad».
Aunque admitió que se ha dado «un paso importante» con la creación, esta semana, del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, indicó que es necesario llenar este mecanismo «de contenidos» para que pueda llegar a ser efectivo.
También destacó que genera preocupación dentro del colectivo la polarización que continúa existiendo en la sociedad ecuatoriana, en la que «la prensa todavía sigue siendo el blanco de ataques de muchos sectores».
Por último, criticó «las afectaciones a la libertad de expresión en internet» ya que en Ecuador se reportaron 25 restricciones, incluyendo el cierre y suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales o portales web.
De hecho, un tercio de las 83 alertas que se dieron en Ecuador durante 2018 tuvieron que ver con este tipo de ataques contra la libertad de expresión, refleja el informe.
Con todo, Ricaurte admitió que existe un «mejor clima» para ejercer el periodismo en el país ya que desde los poderes políticos «se ha bajado el nivel de discurso estigmatizante contra la prensa, no hay ese nivel de ataques sistemáticos y constantes contra periodistas y medios».
Por otro lado, comentó el retroceso que existe con respecto a la ley ecuatoriana de Acceso a la Información Pública, una de las más longevas del continente al publicarse hace ya quince años.
«Es una ley que vemos con mucha preocupación porque no se cumple, hay bajos niveles de acceso a la información y se debe proceder a una reforma integral de la misma», aseguró el representante de Fundamedios.
En esa reforma, que ya está siendo debatida en la misma comisión legislativa que estudió las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, se deberá incluir el acceso a la información dentro del mundo digital, que todavía no se había desarrollado plenamente cuando se promulgó la norma en 2004.
«Hay que avanzar mucho, tanto en la reforma integral de la ley como en la misma actitud de los funcionarios públicos, que muchas veces se consideran los propietarios de la información pública, cuando realmente son custodios», concluyó Ricaurte. EFE