Gustavo Palacio Urrutia
Quito, Ecuador
Una de las carteras de Estado más afectadas por el régimen autoritario de Rafael Correa, fue sin duda la de relaciones exteriores.
Desde su inicio, el gobierno anterior buscó la manera de cooptar el Ministerio de Relaciones Exteriores, con intenciones antidemocráticas. De una parte, la toma de la Cancillería tuvo propósitos clientelares: El Ministerio de Relaciones Exteriores fue utilizado para dar cabida a cientos de militantes que apoyaban incondicionalmente el proyecto autoritario de la llamada “revolución ciudadana”. Asimismo, se usó al servicio exterior para intercambiar y pagar favores políticos a los aliados del correísmo. También, con los mismos fines clientelares, se utilizaron las Embajadas y Consulados en el exterior para realizar proselitismo político y manipular a los migrantes ecuatorianos, con fines electorales.
En el ámbito internacional, la toma de la Cancillería jugo un rol estratégico en la construcción de la red internacional de los amigos del Socialismo del siglo XXI, liderada por Hugo Chávez con el asesoramiento de la dictadura castrista. Dicha red se edificó sobre la base de alianzas con gobiernos totalitarios, como es el caso de China, Rusia, Bielorrusia, Irán, interesados en incrementar su influencia geopolítica en América Latina, en detrimento de la relación con Estados Unidos y países aliados de occidente desarrollado. La política de alianzas con regímenes antidemocráticos afectó negativamente la imagen y credibilidad del país, con un impacto importante en sus relaciones económicas y comerciales. En el ámbito de los principios, se irrespetó la tradición de la diplomacia ecuatoriana de defensa de la democracia y los derechos humanos. A lo largo del gobierno de Rafael Correa, los diplomáticos ecuatorianos se vieron obligados a votar, en el marco de Naciones Unidas, en contra de resoluciones de condena a las violaciones cometidas por regímenes dictatoriales. Este fue el caso de las resoluciones de Naciones Unidas de condena a las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Siria, Myanmar, China, Cuba, Bielorrusia, Corea del Norte, entre otros países.
Para llevar a cabo la cooptación de la Cancillería, el gobierno de Correa puso en práctica una estrategia que articulaba varios elementos: De una parte, se inoculó en la institución el discurso divisionista, de intolerancia contra los supuestos enemigos de la llamada “revolución ciudadana” que incitaba al odio sobre todo por motivos étnicos, así como por diferencias de clase y región, maquillado con elementos que exaltaban demagógicamente sentimientos ultranacionalistas y de revanchismo social. La construcción del discurso divisionista se complementó con una bien orquestada campaña de desprestigio de la institución a la que se catalogaba como elitista y excluyente. Discurso maniqueo que encubría a propósito el contexto de exclusión estructural de la sociedad ecuatoriana, la compleja realidad internacional y la necesidad de contar con expertos de alto nivel en un mundo globalizado y altamente competitivo. El discurso correísta menospreciaba por dicha razón las varias reformas que con anterioridad se habían efectuado con el fin de profesionalizar y democratizar el Servicio Exterior de carrera, entre las que destaca la creación en 1987 de la Academia Diplomática.
Correa en persona, aprovechó sus continuas alocuciones para calumniar, zaherir y burlarse de manera sarcástica de los miembros del Servicio Exterior. La campaña contra la institución y el discurso divisionista terminó por menoscabar la reputación del Servicio Exterior y quebrantar la moral de sus miembros. Buena parte de los funcionarios, por temor a represalias y a perder su trabajo, terminaron por sucumbir a los abusos del nuevo poder autoritario y clientelar del régimen correísta.
Fue sobre todo durante la administración de Ricardo Patiño que el proceso de cooptación y degradación del Servicio Exterior se profundizó. Para sus propósitos, Patiño incorporó a la Cancillería a un grupo numeroso de colaboradores nacionales y extranjeros, entre los que destaca Rafael Quintero, Juan Meriguet, Kinto Lucas, Txema Guijarro, Eduardo Paredes, Patricia Dávila, entre otros. Esta última fungía como jefe de despacho de Patiño y era conocida por sus abusos de poder, en provecho personal, así como por el control, coerción y manipulación que ejercía sobre los funcionarios de la institución. Se conoce que Patricia Dávila y su equipo, conformado por Isela Sánchez, Vilma Paredes y otras militantes de Alianza País, visitaban de manera regular las Misiones Diplomáticas en el exterior, a fin de inspeccionar el trabajo de los diplomáticos y para construir una red de informantes de Patiño.
Por iniciativa de Patiño, pero con el apoyo incondicional de Correa, se eliminó la Academia Diplomática y se erosionó significativamente la estructura organizacional y administrativa de la institución. En su lugar se erigió una estructura clientelar y politizada, que priorizaba los intereses de la cúpula de Alianza País. La política de personal de promoción de los funcionarios en base a sus méritos profesionales fue reemplazada por un sistema de incentivos perversos que exigía la lealtad absoluta al proyecto autoritario correísta, al extremo de premiar la delación de quienes pensaban distinto. La promoción de los funcionarios dejó de ser un derecho adquirido, a pesar de que este estaba contemplado en la Ley del Servicio Exterior. Prácticamente se eliminó el mecanismo entonces vigente de ascensos, traslados, y designación de funciones, en consonancia con los años en la categoría, permanencia en el país, conocimientos, experiencia, méritos profesionales. Este se convirtió en instrumento de coerción y premiación para la cooptación del Servicio Exterior.
Durante diez años de correísmo, de manera preferencial, salvo contadas excepciones, se promovió con designación a puestos directivos, traslados al exterior, ascensos, misiones especiales, viajes, cuantiosos viáticos, a los funcionarios leales y/o funcionales al correísmo, sin que se respeten los requisitos establecidos por la ley y la norma consuetudinaria institucional. Un ejemplo de lo indicado fueron los dos procesos de ascensos a embajadores que tuvieron lugar en octubre de 2012 y luego en abril de 2017. Afortunadamente, y a pesar del sentimiento de temor infundido por la administración correísta, dichos ascensos fueron debidamente denunciados por un gran número de los funcionarios de carrera afectados.
Quienes ocuparon puestos directivos lo hicieron por su adhesión al proyecto político. Para compensar la falta de legitimidad de sus arbitrariedades el poder recurrió a una conducción autoritaria y poco transparente de la institución. La discrecionalidad política en el manejo de los recursos financieros y humanos dio lugar a la corrupción y a considerables casos de abusos de poder, incluso de acoso laboral y sexual. Se implementaron mecanismos de vigilancia, control y represalias de los funcionarios tanto diplomáticos como administrativos que se atrevían a expresar su disconformidad. Se creó una atmósfera de miedo y amedrentamiento que conculcó la libertad de expresión y reunión. Varios fueron los funcionarios sancionados, expulsados, o que fueron forzados a renunciar, jubilarse o solicitar la disponibilidad. Los vejámenes y humillaciones pasaron de ser algo esporádico a algo común.
La desaparición de la Academia Diplomática permitió al correísmo efectuar procesos de admisión hechos a la medida de los cuadros de Alianza País, ávidos de poder económico, político y social, a través de una movilidad social clientelar facilitada por una Cancillería al servicio de la revolución. En dos ocasiones se realizaron “concursos” de ingreso al Servicio Exterior con el propósito de volver irreversible el plan de cooptación del Servicio Exterior con decenas de simpatizantes de Alianza País. Se conoce que buena parte de los nuevos funcionarios que realizaron el curso de capacitación y admisión, debido a su falta de conocimientos, fueron reprobados en el IAEN. Con relación al personal administrativo también se produjo un ingreso masivo de funcionarios adeptos a Alianza País, para lo cual se aplicó una interpretación antojadiza de la LOSEP que ha distorsionado la carrera administrativa del Servicio Exterior.
El nuevo ordenamiento burocrático “revolucionario” se promovió bajo la apariencia de una supuesta eficiencia tecnocrática, que a su vez era avalada por universidades y centros de estudio también cooptados, como fue el caso del IAEN y la FLACSO, instituciones controladas por cuadros leales que preconizaban el “decisionismo” de Carl Schmidt. Cabe destacar, sin embargo, que la destrucción de la institucionalidad no hubiera sido posible, sin la actitud sumisa e incluso cómplice de algunos de los diplomáticos de carrera cooptados, sobre todo de alto rango.
La creación de la red bolivariana de amigos del Socialismo del Siglo XXI, gracias a la cooptación de la Cancillería, fue reforzada con el concurso de una larga lista de “celebridades” conformada por diplomáticos, académicos, artistas, intelectuales, hackers informáticos, entre otros, que participaron gustosos en costosas campañas de propaganda internacional, lo que permitió al régimen de Correa incrementar su influencia incluso en organismos internacionales. El caso más claro de penetración política del correísmo, con el apoyo del chavismo, fue el de la OEA, en particular en lo que respecta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya capacidad para emitir medidas cautelares y defender los Derechos Humanos en la región quedó seriamente afectada. La proyección internacional permitió sin duda un objetivo primordial, ocultar la corrupción del régimen y mantener la impunidad.
Uno de los episodios más repudiables de propaganda y corrupción política, a escala internacional, practicado on el concurso de la Cancillería, fue el del otorgamiento de asilo a Julián Assange. Tal como lo han señalado varios funcionarios críticos con dicho acontecimiento, se trató de una aventura diplomática; un “asilo” planificado, de manera audaz y oportunista, con meses de antelación, que sirvió de “caja de resonancia” para promover a nivel mundial la causa del populismo autoritario del Siglo XXI. Para la preparación y puesta en práctica de dicha aventura internacional se destinaron millonarios recursos y se constituyó el llamado “Comité Assange” en el que participaron varios funcionarios de carrera leales al proyecto totalitario correísta, así como extranjeros afines al chavismo, como es el caso de Txema Guijarro, actual diputado del Partido Podemos en España, del asesor español Iván Orosa, y del ex asesor gubernamental, Eduardo Mangas. Es importante recordar que además del caso Assange, durante la administración de Ricardo Patiño, se produjo el mayor dispendio institucional de recursos públicos, así como el ignominioso caso de la Narco Valija.
Afortunadamente, gracias a la presión de la opinión pública, producto de la lucha de la ciudadanía en las calles, sobre todo a partir del 2015 hasta las elecciones de 2017, y a un reordenamiento geopolítico en la región, caracterizado por la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, todo lo cual aceleró la implosión y división del movimiento Alianza País, el Ecuador logró cambiar de rumbo y evitar convertirse en una segunda Venezuela o Nicaragua. Con el gobierno de Lenín Moreno, a partir de la Consulta Popular de marzo de 2018 y de la conformación de un CPCCS-Transitorio, se dio inicio a un periodo de recuperación de la institucionalidad democrática caracterizado por aciertos, aunque también por errores, que ha tenido gran impacto en el ámbito de las relaciones internacionales.
Es indudable que el actual gobierno, a partir de la designación del Ministro José Valencia, ha tenido el mérito de rectificar y dar un giro de 180 grados a la política exterior, al punto de recuperar valores y enunciados tradicionales del Ecuador que habían sido archivados por la diplomacia correista. Este es el caso de la doctrina Roldós, que preconiza la supremacía de la defensa de los derechos humanos por sobre las viejas doctrinas de la soberanía y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, usada como escudo para justificar la violación de los Derechos Humanos en los regímenes dictatoriales.
El cambio de postura, en materia de principios de política exterior, ha tenido una repercusión directa respecto de la actual disputa geopolítica entre regímenes democráticos y dictatoriales -aliados al crimen organizado- y que en el caso de América Latina atañe directamente a los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un primer gran paso fue la salida del Ecuador del Alba en agosto de 2018. Posteriormente, a inicios del presente año, el Ecuador se sumó a la larga lista de países que reconocen al Gobierno Interino de Juan Guaidó. El pasado mes de marzo el Gobierno del Ecuador anunció su retiro oficial de UNASUR. En su reciente intervención en la Asamblea de la OEA el Presidente del Ecuador sorprendió con declaraciones que justificarían una posible intervención humanitaria en Venezuela. No menos trascendente es la reciente decisión del Gobierno del Ecuador de dar por terminado el Asilo a Julián Assange que tanto daño ha hecho, por su falta de legitimidad, a los intereses del Ecuador. El anuncio vino acompañado de una serie de denuncias sobre ilegalidades cometidas, en particular respecto del otorgamiento de la nacionalización a Assange, que tendrán consecuencias tanto políticas como legales. Es justo destacar que gracias a la gestión del Canciller José Valencia, funcionario de carrera del Servicio Exterior, varios funcionarios que sufrieron represalias y se vieron obligados a solicitar la disponibilidad pudieron reintegrarse en este nuevo período de la diplomacia ecuatoriana.
El giro radical de la política exterior del Ecuador representa un gran desafío, así como amenazas, que no pueden ser subestimadas, ni enfrentadas de manera aislada o improvisada. Hace falta una agenda definida con su respectiva hoja de ruta, política y económica, que priorice alianzas con gobiernos democráticos, tanto a nivel bilateral como multilateral. Es fundamental a su vez que dicho plan de nueva política exterior, para que se consolide y tenga éxito, sea acompañado de una reingeniería del Servicio Exterior, que se traduzca entre otros aspectos en el restablecimiento de una política de personal basada en la meritocracia, y en el relevo de los puestos de dirección y toma de decisiones, que erradique de una vez por todas la perniciosa influencia del pasado correista.
En la actual coyuntura de lucha internacional contra la corrupción y el autoritarismo se torna evidente que después de mas de diez años de cooptación del Servicio Exterior por un movimiento político vinculado al crimen organizado internacional, no es posible llevar a buen término ese giro de 180 grados enunciado, con los mismos funcionarios cooptados y ubicados por el correismo en posiciones de dirección política y administrativa. Es evidente que dichos funcionarios adolecen de un obvio conflicto de intereses, pues fueron parte del periodo de corrupción política correista, y en diverso grado fueron cómplices de la destrucción institucional del Servicio Exterior.
El mencionado relevo de puestos de mando del Servicio Exterior es trascendental tomando en consideración que en el corto plazo la Cancillería deberá tomar decisiones relevantes sobre temas delicados de política internacional, a lo que se debe sumar la demanda de la sociedad para que se transparente la información y se rinda cuentas sobre los casos de corrupción y abusos cometidos por los cancilleres del correismo y sus colaboradores.
Al igual que en el resto de instituciones del Estado cooptadas por la corrupción correista, es imprescindible, para la recuperación de la institucionalidad democrática, que en la Cancillería Ecuatoriana se instaure un proceso de justicia institucional que permita identificar de manera objetiva a los responsables de las arbitrariedades producidas, así como brindar una reparación a aquellos funcionarios del Servicio Exterior que por pensar diferente sufrieron retaliaciones en detrimento de sus carreras, con afectación incluso para sus familias. Convendría que para este cometido la Cancillería invite a las autoridades de control a realizar una auditoría de la corrupción y abusos del correismo perpetrados durante los últimos diez años.
En la línea de lo señalado, es encomiable la intención del gremio de funcionarios de carrera del Servicio Exterior, AFESE, de establecer un Código y un Comité de Ética con el propósito de prevenir que lo acontecido durante la última década en la institución se repita en el futuro.