Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional siguen siendo del ex presidente. Dos instituciones fundamentales para que los actos de corrupción sean sancionados luego de haberse cumplido el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es que entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están los de designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el Presidente de la República. Designar la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Es decir, aquellas autoridades que deben hacerle seguimiento a todos los actos de corrupción, que por alguna extraña razón, en su mayoría, todavía no son castigados.
El CPCCS fue creado en Ecuador, al igual que en el socialismo del siglo XXI de Venezuela, para elegir a dedo a las autoridades que deberían controlar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. En democracias robustas estas autoridades de control son designadas por el congreso nacional. No solamente entre siete personas.
Que no nos sorprenda entonces si mañana quieran revocar las designaciones de autoridades nombradas por el CPCCS transitorio.
La Corte Nacional de Justicia, en cambio, es el tribunal máximo de justicia ordinaria y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial.
Personas afines al correísmo han usado sus recursos para que en estas dos instituciones cuenten con ciertos funcionarios que eviten que avancen los procesos en los que hay fuertes indicios de responsabilidad.
Algunos se ríen de las payasadas de ciertos servidores electos. Yo no. Históricamente la votación ecuatoriana ha mostrado su inclinación por votar por este tipo de personajes, que desde ya, no tienen cómo explicar el origen de su patrimonio.
La lucha contra la corrupción y a favor de la democracia es lo que está en juego.