¿A cuánto asciende y cómo se cobrará la indemnización de Odebrecht al Estado? La pregunta no le gusta al procurador Íñigo Salvador, entre otros motivos, porque ni él –que es el encargado principal de este tema– ni el resto de autoridades tienen una respuesta.
A dos años y siete meses de que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló la confesión de la constructora, de que había pagado $ 33,5 millones en sobornos para obtener contratos en Ecuador, en el país no se ha logrado establecer un monto ni una estrategia que garantice una reparación económica.
“Estamos partiendo de cero”, dijo el procurador el jueves pasado en Cuenca al referirse a cómo se calcularán los montos. Explicó que en los próximos días se reunirá con el secretario Anticorrupción, Iván Granda, para definir los parámetros y los rubros que encaminen el resarcimiento.
Hasta tanto, señaló, la Procuraduría (PGE) seguirá recabando los insumos enviados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría, la Fiscalía y las instituciones públicas que, en su momento, contrataron a Odebrecht. Una primera aproximación al monto estaría lista en octubre, agregó.
Pero el camino a establecer un monto está marcado por una telaraña de informes, apelaciones y juicios que impiden fijar una indemnización y el tiempo previsto por Íñigo Salvador de tres meses podría ser insuficiente.
Solo la Contraloría, por ejemplo, ha determinado un total de $ 100 millones por concepto de glosas; es decir, de perjuicio al Estado por los contratos de Odebrecht en el país. Esa cifra es el resultado de 38 exámenes especiales aprobados entre 2006 y 2019.
Allí se describen sobreprecios, fallas de ingeniería, fiscalización deficiente, atrasos, modificaciones de contrato sin autorización y otras irregularidades detectadas en 16 obras de infraestructura (entre las que se cuentan las hidroeléctricas San Francisco y Manduriacu, el acueducto La Esperanza, la remoción de tierras de la Refinería del Pacífico, el metro de Quito, la Ruta Viva, el trasvase Daule-Vinces, proyecto Carrizal-Chone o el poliducto Pascuales-Cuenca).
De esas auditorías, hasta la fecha, se han derivado 12 informes con indicios penales que fueron remitidos a la Fiscalía.
Sin embargo, esos $ 100 millones en glosas no han podido ser recuperados, debido a la cantidad de impugnaciones interpuestas por los exfuncionarios públicos notificados.
Una segunda instancia para determinar un monto de perjuicio al Estado es la Fiscalía, que en junio del 2017 suscribió con Odebrecht un Acuerdo de Cooperación Eficaz confidencial y que luego –con distintos fiscales– se encargó de llevar adelante los procesos en contra de empresarios y exfuncionarios públicos (Jorge Glas y Alecksey Mosquera, por ejemplo).
La acción de la Fiscalía sirvió para que se dicte prisión en contra de varios de ellos, pero de esos tribunales el Estado ecuatoriano no ha podido sacar ninguna ventaja económica.
Ni siquiera el caso de Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, que fue uno de los primeros en ingresar a la corte, ha logrado una sentencia en firme (está a las puertas de fase de casación), por lo que cualquier esperanza de la Procuraduría de que los jueces ordenen un monto de reparación integral deberá esperar a que se agoten todas las instancias judiciales.
En 2017, el SRI entregó a la PGE un informe que señalaba que solo por tributos Odebrecht debía $ 178,3 millones.
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