La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó esta semana a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y puso en entredicho la vigencia de ese novedoso organismo creado por la Constituyente de 2008.
Con el voto de 84 legisladores, de los 137 que forman el unicameral Congreso ecuatoriano, el pleno de la Asamblea destituyó el pasado miércoles al presidente del Consejo, el religioso Carlos Tuárez, a su vicepresidenta, Rosa Chalá, y a los vocales Victoria Desintonio y Walter Gómez.
En un polémico juicio político de censura, el juego del poder político logró sumar el apoyo necesario para acometer la censura de los consejeros, que habían sido elegidos por voto popular en marzo pasado.
Con menos de dos meses en el ejercicio de sus cargos, los cuatro consejeros fueron acusados de incumplimiento de funciones por grupos parlamentarios que les ubicaban como allegados al expresidente del país Rafael Correa (2007-2017), y quien no ha ocultado su afinidad con los censurados.
Y es que la mayoría de diputados de la Asamblea ecuatoriana, acérrimos rivales de Correa, tampoco han ocultado su interés de «descorreizar» el país y desgastar a esa tendencia de cara a los comicios de 2021.
Uno de los interpelantes en el juicio político, Raúl Tello, recordó que los vocales del CPCCS no acataron una decisión de la Corte Constitucional que blindaba la designación de autoridades de control ordenada por sus antecesores, desafío que, según el legislador, pudo generar un caos en el país.
Por su parte, el asambleísta Fabricio Villamar, acusó a Tuárez de haber alterado documentos para poder ser elegido como consejero, extremo negado por el destituido.
Por contra, el exlegislador correísta Virgilio Hernández opinó que la actuación de la Asamblea supone un «nuevo golpe a la Constitución y a la democracia», pues aseguró que no existen las causas que determina la Carta Magna para que se haya destituido a los cuatro vocales del CPCCS.
Hernández sostuvo que Ecuador vive una supuesta dictadura y llamó a conformar una gran coalición de las fuerzas progresistas para recuperar «la producción, el empleo, la seguridad y la esperanza».
De su lado, el jurista Ramiro Aguilar opinó que lo sucedido con el CPCCS podría ser visto como un «fenómeno político suigéneris» y «muy tropical».
Recordó que esa institución estaba llamada a convertirse en una «quinta función del Estado», pero remarcó que, dados los hechos, se ha convertido en un organismo sin rumbo propio.
Aguilar relató que durante el Gobierno de Correa el CPCCS no cumplió con su función de investigar la corrupción en el Estado y que, por lo tanto, se convirtió en ese tiempo en un organismo «inicuo».
Mientras tanto, con el Ejecutivo actual de Lenín Moreno, el CPCCS, en transición, tuvo una actuación excedida en atribuciones cuando estaba liderada por el ya fallecido político Julio César Trujillo.
Pero, con la designación de Tuárez y su rápida destitución, dicho Consejo pasó a ser un organismo «descartable», según Aguilar, para quien el CPCCS «jamás tuvo el peso institucional que la Constitución de 2008 le quiso dar».
Según este analista, el Consejo ha sido un «instrumento de los gobiernos», pese a que fue creado como un organismo de democracia participativa y directa de los ciudadanos.
Aguilar, además, se preguntó sobre el futuro del organismo con los nuevos consejeros que reemplazarán a los destituidos.
Ellos, añadió el analista, podrían pasar su periodo sin hacer ruido o bien podrían cumplir con las tareas encomendadas en la Constitución, aunque si ese ejercicio no es del agrado de los grupos de poder en la Asamblea, entonces podrían ser también «evaporados».
Por ello, opinó que quizá «el experimento salió mal» y que, por lo tanto, debería ser una nueva Constituyente la que resuelva el conflicto creado. EFE (I)
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