El programador sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange, fue formalmente acusado este jueves del delito de intromisión en sistemas informáticos de Ecuador, en una audiencia de reformulación de cargos a dos días del fin de la instrucción fiscal.
De acuerdo con fuentes del entorno del informático, Bini ha sido acusado hoy de un delito de «intromisión», tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que menciona expresamente el «acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones».
«Ya no le acusan por ataque a sistemas informáticos sino por intromisión», precisó la fuente, al aludir a los cargos que en un primer momento pesaban sobre Bini, que fue detenido por las autoridades ecuatorianas en Quito el 11 de abril, día en que Ecuador retiró el asilo al fundador de WikiLeaks en su embajada en Londres.
El fiscal del caso y un representante de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) argumentaron en la vista celebrada esta tarde y ante la presencia de un traductor, que Bini había ingresado sin autorización en la red local privada de la corporación, que prestaba servicios a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y a la empresa pública Petroecuador.
Junto con la reformulación de cargos, la jueza instructora dictaminó el mantenimiento de la medida cautelar de presentarse los viernes ante la autoridad fiscal, como viene haciendo desde que el 20 de junio fuera puesto en libertad tras permanecer 70 días en prisión preventiva.
Su caso, que es seguido por Amnistía Internacional, que el pasado lunes denunció que el Gobierno de Ecuador habría interferido en el proceso penal, dio un giro recientemente al abrirse una nueva diligencia fiscal a raíz de que aparecieran nuevos datos en un móvil incautado al informático.
El desarrollador sueco fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón en abril, y en un primer momento las autoridades ecuatorianas apuntaron a que podría ser autor de espionaje y piratería cibernética.
El próximo sábado concluye la instrucción fiscal del caso, y según el abogado del sueco, Carlos Soria, el nuevo cargo se ha adoptado de forma «desesperada» y podría contravenir la legislación al no disponer la defensa de tiempo suficiente para analizar los indicios o refutarlos. EFE