TIAR, narcoterrorismo y warlords en Venezuela

Héctor Schamís

Washington, Estados Unidos

Lo dijo Gustavo Tarre, embajador del gobierno interino ante la OEA: «Venezuela es el centro de tránsito del narcotráfico, quizás el más importante del mundo. ¿Cómo se enfrenta eso, con pétalo de rosa, con diálogo, llamando a los carteles de la droga que son hoy actores en la crisis venezolana? Pues hace falta una solución que requiere el uso de la fuerza. Entonces, negar el uso de la fuerza como un prejuicio es un error. Por otro lado, negar otro tipo de soluciones también es un error».

Luis Almagro ya había dicho en septiembre de 2018 que, dada la naturaleza criminal de la dictadura en cuestión, todas las opciones debían estar sobre la mesa, lo cual produjo la reacción en cadena de los hipócritas pseudo pacifistas. El Secretario General de la OEA siempre dice lo que todos sabemos y pocos se animan a decir, y además lo dice antes que nadie. En aquel momento lo conceptualizó en términos de la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a los venezolanos, la doctrina R2P.Suscríbase gratis a nuestro boletín diarioSuscríbase

Tarre habló ahora del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947. Pues 12 países signatarios del mismo convocaron al órgano de consulta para evaluar la situación en Venezuela y definir un curso de acción. El TIAR obliga a los países miembros a responder ante una agresión militar contra uno de ellos.

No es el uso de la fuerza el único recurso contemplado en el tratado, así como tampoco es el caso en R2P. De hecho, invocado una docena de veces, el TIAR nunca activó una respuesta militar, pero la magnitud de la crisis venezolana hoy y la tensión acumulada en la frontera pone dicha posibilidad definitivamente en la mesa de discusión.

Es que quien formuló la denuncia fue Colombia por intermedio de su canciller, Carlos Holmes Trujillo. Lo hizo en base a evidencia acerca de la protección y el apoyo logístico que el régimen de Maduro proporciona a las FARC y el ELN, quienes planean y ejecutan acciones terroristas desde Venezuela. Todos lo saben, hasta los jerarcas chavistas hicieron su confesión de parte sobre dicha protección y apoyo. El canciller lo denominó «narcoterrorismo».

Pues de eso se trata: un cartel de cocaína que vuela torres de alta tensión, contamina ríos, envenenando comunidades rurales, y ataca instalaciones diversas con vehículos cargados de explosivos, entre otras acciones de asesinato indiscriminado. Y todo eso empaquetado en el relato de la violencia insurreccional del campesinado, lenguaje con el cual pretenden blindarse como actor político. Esta es la lógica de dichas organizaciones, nadie que no sea cómplice puede caracterizarlos de otro modo.

La denuncia de Colombia también va dirigida a las Naciones Unidas, invoca la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad del 28 de septiembre de 2001. La misma declaró que los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, urgiendo a los Estados a abstenerse de proporcionar refugio a quienes ejecutan y financian dichos actos. Si ello fue oportuno en aquel septiembre, también debe serlo en el actual. El secretario general Guterres debe pronunciarse, en lugar de seguir haciendo correr el tiempo en beneficio de Maduro.NOTICIAS RELACIONADAS

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Ante la denuncia de Colombia, también ahora surgieron varios pseudopacifistas. El exsecretario general de la OEA Insulza es un ejemplo relevante. En aquel cargo fue poco menos que un ministro de Hugo Chávez, con lo cual no sorprende que haya caracterizado al TIAR como «instrumento arcaico de la Guerra Fría creado para intervenir en los países de América Latina». Lo que sí sorprende es su liviandad histórica, la literatura de rigor señala que la Guerra Fría comenzó en 1949 con la creación de la OTAN, y su lectura sesgada, pues no dice nada acerca de la intervención militar de Cuba en Venezuela, justamente.

Hablar de Guerra Fría es una analogía equivocada, se usa como burda propaganda. Aquel fue un conflicto ideológico, este es un conflicto por el Estado de Derecho. Aquel era acerca de dos sistemas sociales y económicos contrapuestos, este es acerca de la ley y la integridad del Estado como autoridad política. Los enemigos de entonces eran perseguidos por sus posiciones políticas, los de hoy son perseguidos por terrorismo, lavado, narcotráfico, corrupción y crímenes conexos. De los enemigos de antes se ocupaban las agencias de inteligencia y la estrategia se formulaba con un sesgo ideológico. De los de ahora se ocupa la DEA, agencia anti-narcóticos.

A propósito de guerra y propaganda, encarnando el manual clásico del dictador desesperado Maduro ordenó ejercicios militares en la zona de frontera con Colombia. Exportar las crisis, exacerbar sentimientos nacionalistas y provocar al vecino para que un enfrentamiento le de un salvavidas. Es la vieja táctica de la provocación, tan vieja que Sun Tzu la detalló en su magistral El Arte de la Guerra en el siglo V a.C., pues solo funciona por un rato.

El patrocinio de Maduro al narcoterrorismo tiene su lógica: crear economías criminales de escala. Un conglomerado de organizaciones administradas por «warlords«, el modelo de negocios se basa en ilícitos que compiten por mercados y control territorial: minería ilegal, cocaína, contrabando de gasolina, tráfico de personas, extorsión y secuestro. Sus agentes—guerrilleros, pranes o colectivos—son intercambiables entre si, es la flexibilización del mercado laboral del crimen.

Lo grave es que ello implica no tan solo un Estado fallido sino la disolución del propio Estado, la abdicación del monopolio de la ley, la solvencia fiscal y la coerción. La consecuencia es el surgimiento de micro soberanías delictivas, así es la guerra por el recurso en Venezuela.

Las FARC y el ELN son dos de esas empresas, hoy virtualmente fusionadas (M&A, mergers and acquisitions) y cuyo único interés en común con las demás es la continuidad de la dictadura. Todas necesitan al régimen, el garante del lucro, y todas le son funcionales al régimen, útiles para exportar sus múltiples crisis. El éxodo es un ejemplo, forzado por la vía de hambrear y enfermar a un pueblo que se convierte en responsabilidad del país receptor. No puede repetirse suficientes veces que nadie se ha hecho cargo de esa migración como el gobierno de Colombia.

Y si alguien opera como el mega «warlord» detrás de bambalinas, esa es la dictadura cubana, con esa peculiar virtud de haber hecho la tercerización—el «outsourcing«—de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Ninguno de estos males tienen lugar en la Isla, el partido tiene control del territorio, y el régimen se mantiene y se reproduce en el tiempo, pero por medio de la subcontratación del trabajo sucio.

En Maduro y su régimen, por supuesto, que provee imprescindibles recursos. Cuba va camino a otro «período especial», un profunda crisis económica que en esta época comienza a generar protestas sociales, como lo muestran las recientes razias represivas. También este warlord necesita la continuidad de la dictadura venezolana y sus recursos. La única Guerra Fría que continúa en el Caribe es la que transcurre en el arcaico relato castrista.

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