Dante Bobadilla Ramírez
Lima, Perú
El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República, apelando a una “negación fáctica” de la Cuestión de Confianza planteada por su gobierno ante la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). De inmediato surgieron dudas por la legalidad de la medida y en respuesta, el Congreso decidió vacar al presidente por incapacidad moral. En este momento los especialistas debaten cuál es la situación jurídica del Estado.
Vizcarra cumple así el objetivo que tenía trazado desde que asumió el mando hace año y medio, luego de la renuncia de Pedro Kuczynski. Desde el principio no hizo más que confrontar al Congreso con medidas que solo buscaban mellar la imagen de esa institución. En año y medio presentó tres cuestiones de confianza, una medida extrema prevista por la Constitución para que los ministros defiendan sus políticas de gestión ante la oposición del Congreso.
Una negación de confianza obliga a renunciar al ministro solicitante, o a todo el gabinete, si este fue quien lo planteó. Tras dos negativas de confianza el presidente está facultado a disolver el Congreso. Pero Vizcarra ha apelado a interpretaciones laxas de la Constitución para plantear cuestiones de confianza no por políticas de gestión de gobierno sino por reformas de la Constitución que son tarea exclusiva del Congreso, bajo el pretexto que son parte de su lucha contra la corrupción.
La última cuestión de confianza presentada alocadamente por el premier Del Solar, el lunes por la mañana, sin estar en la agenda del Congreso, pretendía detener la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), una prerrogativa exclusiva del Congreso. Pero una vez más, Vizcarra apeló a interpretaciones viciadas del texto constitucional para interferir en la elección, tratando de modificar la ley en pleno proceso.
El Congreso procedió, según su agenda, a elegir al primer miembro del TC, dejando para la tarde el debate de la Cuestión de Confianza planteada por el gobierno. Pero en medio de dicha sesión vespertina, apareció sorpresivamente el presidente Vizcarra en televisión nacional anunciando el cierre del Congreso aludiendo a una “negación fáctica”, mientras en el Congreso se aprobaba su pedido.
Como suele ser su estilo, en su alocución, Vizcarra se recubrió retóricamente como un respetuoso del Estado de Derecho y dijo actuar siguiendo estrictamente la Constitución. Pero su actuación siempre ha estado al filo de la legalidad y en medio del populismo más barato. Ya en su última entrevista se refirió al Congreso claramente como “la corrupción”. Un discurso que ha venido repitiendo sistemáticamente para dar la imagen de que él encarna la lucha contra la corrupción, mientras que el Congreso es la corrupción.
De hecho, todas sus medidas han estado destinadas a mellar las facultades de los congresistas, como prohibir su reelección o eliminar su inmunidad parlamentaria. Todo esto en medio de discursos encendidos que buscan movilizar a la población en contra del Congreso. Cosa que ha logrado.
Vizcarra cuenta además con la mayor parte de la prensa que depende de la publicidad del gobierno, y de los periodistas que han adoptado el rol de activistas políticos en contra del Congreso, al que atacan por tener mayoría fujimorista.
El antifujimorismo es una especie de moda intelectual, ideología popular y pose moral, que se estableció tras la caída del fujimorato en el 2000. Desde entonces no hay periodista que no use su postura antifujimorista como garantía de compromiso moral y democrático. Sin embargo, hoy están celebrando el golpe de Estado de Vizcarra, junto con toda la izquierda variopinta que ha tomado las calles en marchas de júbilo, exigiendo Asamblea Constituyente en medio de banderas rojas.
En este momento aún es temprano para adivinar cuál será el desenlace final, pero lo cierto es que el Perú se acerca así a la órbita chavista, ya que Vizcarra es un gobernante de izquierda, rodeado de asesores de izquierda y cuenta con el apoyo manifiesto de todos los grupos de izquierda. No sería descabellado pensar que será capaz de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar las reglas de juego de la economía devolviéndole al Estado el rol principal y no el subsidiario, como es ahora. Ese es el más ansiado sueño de la izquierda para llevar al Perú de regreso al modelo estatista y chavista de los ochenta.
* Dante Bobadilla Ramírez es psicólogo, docente universitario, analista político y columnista.