Las violentas protestas que viven las calles de Ecuador desde hace once días son parte de un plan «preconcebido» para atentar contra la «democracia ecuatoriana» y que nada tienen que ver con el movimiento indígena, afirmó a Efe el ministro de Exteriores ecuatoriano, José Valencia.
«Es un plan preconcebido para causar caos, desorden y forzar una alteración del orden democrático», aseguró el canciller en medio de la grave crisis de la que responsabilizó enteramente a los partidarios del anterior presidente, Rafael Correa (2007-2017).
A decir de Valencia, que recibió a Efe en su residencia, esta situación «inédita» en su país responde a una «violencia organizada y preparada de antemano» que «no se hace de la noche a la mañana».
«El que los manifestantes tengan escudos hechos en serie, manejen armas de fabricación casera que pueden incluso matar a agentes; o la toma de una televisión con personas dirigiendo las operaciones», son todos elementos que en su opinión apuntan a una acción orquestada.
También lo son, dijo, «el pago de dinero» a presuntos manifestantes y «las interrupciones de tráfico» que «muestran una secuencia claramente cronometrada» y el bloqueo «no de cualquier esquina de barrio sino de puntos neurálgicos de la capital».
Ecuador vive desde hace once días un ola de violencia sin precedentes desencadenada después de que el presidente Lenín Moreno anunciara una serie de recortes para satisfacer las demandas de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y acceder con ello a una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.
La reacción popular se ha traducido en el cierre de carreteras, saqueos, toma de instalaciones cruciales -entre ellas petroleras- y una violencia desenfrenada con epicentro en la capital Quito.
Unas protestas convocadas tanto desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) como por sindicatos y grupos de izquierdas, entre ellos los partidarios del expresidente Correa.
Para Valencia, sin embargo, no se pueden mezclar las protestas de los distintos grupos. «Es verdad que hay demandas económicas por parte de asociaciones indígenas, pero los propios indígenas se han desmarcado de esos actos violentos», insistió.
«Se requiere una investigación más pormenorizada, pero hay una serie de elementos que nos lleva claramente a ver que Correa, los correístas, esa parte de la sociedad política ecuatoriana, está detrás de todo eso», subrayó.
En ese sentido, recordó los múltiples mensajes en redes sociales alentando a la rebelión por parte de los «correístas» e incluso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, y la detención de un asambleísta correísta, Joffre Poma, en relación a uno de los ataques a instalaciones estratégicas.
«Hay varios indicios muy fuertes», insistió el canciller, para quien en su país no cabe una «rebelión» porque ese concepto está reservado para «un régimen antidemocrático, autoritario o totalitario», que, dice, no es el caso del Gobierno de Moreno.
«Hay una acción concertada para desestabilizar la democracia. Esto no tiene nada que ver con el movimiento indígena», sentenció.
La rivalidad política y personal entre Moreno y Correa, antes aliados, se remonta a junio de 2017, cuando a poco de llegar al cargo, el mandatario ecuatoriano comenzó a descubrir las deudas de su país y el alcance de la presunta corrupción que, denunció, afectaba a su predecesor.
Desde entonces, ambos están embarcados en una espiral de denuncias mutuas, y Correa no ha dudado en calificar de «tirano» y «traidor» a su sucesor, a quien ayudó a llegar a la presidencia, y en acusarlo de una persecución política contra él y sus partidarios.
Pero Valencia asegura que Ecuador es, a diferencia de hace dos años y medio cuando gobernaba Correa, una verdadera democracia y que la ola de violencia es por intereses ajenos a los indígenas.
«La hipótesis que tiene el Gobierno es que se había preparado de antemano esta acción violenta, y que se ha aguardado la oportunidad para ejecutarla. Es un plan preconcebido, malévolo, porque su propósito es destrozar la democracia ecuatoriana y traer al Ecuador formas de organización política de tendencia autoritaria», apuntó.
Sobre las críticas desde organismos de derechos humanos y de algunas organizaciones como la CIDH, a la actuación de las fuerzas del orden en las manifestaciones, Valencia asegura que «el Estado ecuatoriano está actuando en estricto apego a derecho, como no puede ser de otra manera» y que no se están empleando armas letales.
«Se usa el mínimo indispensable de fuerza. Ecuador ha capturado a cientos de personas, pero no son los cabecillas», explicó.
En las protestas han muerto siete personas y más de un millar resultaron heridas, según la Defensoría del Estado, en auténticas batallas campales entre manifestantes y fuerzas del orden que han disparado masivamente gas lacrimógeno y gas pimienta.
De esos enfrentamientos culpó a los «grupos delincuenciales» que acusa de haber convertido en violentas las protestas iniciadas por los indígenas.
«La conexión entre indígenas y manifestantes violentos que están creando anarquía no real. Los otros se han montado sobre la protesta indígena, abusando de esta que tenia reivindicación específicamente económica, causando el caos», puntualizó.
Este domingo, Gobierno e indígenas han iniciado una mesa de diálogo para tratar de poner fin a la situación, aunque las diferencias siguen siendo consistentes y es pronto para saber si las negociaciones llegarán a buen término. EFE