Llaman a juicio por peculado a Pablo Romero, exsecretario de la SENAIN

Quito, 22 ago 2012.- El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, posesionó a cuatro nuevos ministros y ministras de Gobierno. Soledad Buendía, ministra Coordinadora de la Política; Carina Vance, ministra de Salud; Diego Guzmán, secretario Nacional de Transparencia de Gestión,y Pablo Romero, secretario Nacional de Inteligencia . Foto: Eduardo Santillán Trujillo/Presidencia de la República

El conjuez nacional Richard Villagómez llamó a juicio a cinco personas en el denominado caso «Caminito», en el que el principal procesado es el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero. El exfuncionario, así como Cecilia Santillán, coordinadora General de Contrainteligencia; Jorge Garzón, coordinador General de Contrainteligencia ; y Juan de Dios Lozano Chapiro, exfuncionario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, son acusados de autores directos del delito de peculado, mientras que Walter Olalla, agente operativo en la operación de contrainteligencia , de cómplice.

La decisión del magistrado se dio a conocer en la audiencia preparatoria de juicio que se reinstaló este lunes 21 de octubre del 2019, con la presencia del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga. La investigación fiscal se inició con base en un informe de la Contraloría General del Estado, luego de que efectuara un examen a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013, en el que se determina que esta entidad utilizó fondos públicos de gastos especiales para una operación encubierta denominada «Caminito«.

Según la Fiscalía, dicha operación pretendía obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenían información secreta de las Fuerzas Armadas, de la Corte Nacional de Justicia, entre otras instituciones. Al parecer tenían en su poder las claves de acceso a correos electrónicos y cuentas personales de ministros de Estado, lo cual colocaría al país en un alto grado de vulnerabilidad.

Según el informe y la posterior investigación de Fiscalía, no se ha justificado el pago a un informante conocido dentro de la operación como «El Ruso». Sobre todo porque no se ha logrado determinar la existencia de dicho sujeto. Se estima que se ha ocasionado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 162.582 dólares.

Pablo Romero se encuentra prófugo en España desde 2017, y tiene en su contra otra orden de prisión por el secuestro, ocurrido en 2014, del exasambleísta alterno Fernando Balda, ocurrido en Colombia. (I)

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