Durante el tercer día de audiencia, la Fiscalía General del Estado concluyó con la presentación del alegato de prueba, que incluyó treintaiún elementos (quince documentales y dieciséis testimoniales) dentro del juicio de procedimiento directo en contra del asambleísta Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, el concejal de Lago Agrio, Víctor Burbano; el comunicador, José Gómez, y además Gonzalo Villamil, Cesar Pachacama, Steven Torres, Carlos Chacha y Jenny Rodríguez, acusados del delito de paralización de un servicio público tras ser capturados, el 7 de octubre en Sucumbíos por irrumpir en las instalaciones de Petrocuador y paralizar el bombeo del oleoducto.
La audiencia, de carácter reservado, se desarrolló en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, con la presencia del fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
Desde el mediodía de este 26 de octubre, la empresa pública Petroecuador, como acusadora particular, presentó su prueba. Lo propio hizo la defensa técnica de la parte acusada.
La diligencia se suspendió a las 15:00 y se reinstalará el próximo martes 28 de octubre, a las 09:00.
Según el relato del sitio Plan V, la noche del lunes 7 de octubre de 2019, en medio del levantamiento indígena convocado por la CONAIE, unos cien encapuchados -aunque entre ellos también había gente con el rostro descubierto- se tomaron la estación petrolera Lago Agrio 1, de la estatal Petroamazonas, la operadora más grande de la Amazonía. Con cuchillo en mano y piedras amedrentaron a los pocos guardias desarmados que custodiaban las instalaciones y luego fueron hacia el centro de control de las operaciones de bombeo de crudo por el SOTE.
Ahí, amenazaron a los técnicos que estaban en los controles y les ordenaron que apaguen las bombas. Estos les advirtieron que hacerlo de golpe causaría un grave daño a los motores. Apagarlos es un proceso técnico que requiere que primero se deje de bombear desde los pozos. Pero no valieron los argumentos, y los asaltantes obligaron a pulsar el botón. Dos comandos tácticos de la Policía y de la Fuerza Terrestre recuperaron la estación luego de una paralización de dos horas.
Según los elementos de prueba presentados durante el proceso, la paralización de estas operaciones, durante dos horas y diecinueve minutos, causó un perjuicio al Estado de aproximadamente 1’723.918,72 dólares,
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Saskia Gutiérrez abogada de 5 de los 9 detenidos expone sobre los avances de la audiencia contra sus defendidos, esta se reinstala el martes 29. Desde Confeniae expresamos nuestro respaldo con los compañeros injustamente detenidos y procesados #NoMasCriminalizados pic.twitter.com/cyGr5uxlsd
— CONFENIAE (@confeniae1) October 26, 2019