Dictan prisión preventiva contra Virgilio Hernández por presunta rebelión

Fotografía: Hugo Ortiz / Asamblea Nacional

El juez Julio Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, emitió este martes una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra el exlegislador Virgilio Hernández, dirigente del llamado movimiento correísta -del expresidente Rafael Correa (2007-2017)-, y a quien la Fiscalía vinculó en un caso de presunta rebelión tras ser acusado de participar en la organización de actos violentos durante la protesta indígena de octubre.

La orden se emitió durante una audiencia reservada a la que concurrió el acusado quien, hasta hoy, se encontraba en un paradero desconocido.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, acogió el pedido del fiscal del caso, Alberto Santillán, y dictó la prisión preventiva en contra de Hernández, así como la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El acusado «habría promovido e incitado a las protestas violentas ocurridas entre el 3 y 13 de octubre, actos que sobrepasaron el derecho a la resistencia que poseen constitucionalmente todos los ecuatorianos», señaló la Fiscalía en un comunicado.

Hernández se suma a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, ya detenida por este caso hace algunos días, así como otras dos personas identificadas como Christian González y Pablo Del Hierro.

Entre los elementos de convicción presentados por el fiscal Santillán contra Hernández constan las escuchas telefónicas efectuadas con orden judicial, en las que supuestamente se alentaba a la población a sumarse a las manifestaciones y «armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos».

Además, la Fiscalía, en su texto presume que en esas comunicaciones telefónicas obtenidas se trataba de «subvertir al pueblo ecuatoriano».

El fiscal Santillán también mencionó sobre unos mensajes de Twitter de Hernández en los que habría pedido «la movilización de la gente, desconociendo el estado de excepción» que imperaba en los días de las manifestaciones por orden del Gobierno.

La Fiscalía, que tenía 90 días para la instrucción fiscal, vio incrementado en 30 más el plazo para las indagaciones del caso, precisó en su comunicado.

Durante la audiencia en la Corte de Justicia de Pichincha decenas de simpatizantes de Hernández denunciaron una supuesta «persecución política» contra él y los militantes correístas y aseguraron que el proceso en su contra obedece a una acción de «odio» y «venganza» del Gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

«Virgilio inocente, Moreno delincuente», corearon los simpatizantes.

El pasado 15 de octubre, dos días después del fin de las protestas sociales, la Corte de Pichincha dictó la orden de prisión preventiva contra Paola Pabón, quien ha sido recluida en una cárcel de máxima seguridad en Latacunga, unos 90 kilómetros al sur de Quito. EFE

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