Ecuador aspira a incrementar su producción petrolera actual, que ronda los 550.000 barriles de crudo, para alcanzar los cerca de 600.000 el próximo año, cuando se hará efectiva su salida de la OPEP anunciada en octubre.
Así lo manifestó este lunes el saliente ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, en declaraciones a los medios en el seno del XIV Encuentro anual de minería, energía y petróleo, celebrado este lunes en un hotel de Quito.
Sobre la producción de crudo aseguró que «para el año 2020 me parece que (será) de alrededor de 580.000 a 590.000 barriles», aunque reconoció que esas predicciones podrían verse afectadas por unos proyectos en los que se registran atrasos.
En promedio, señaló el titular energético, el país andino producirá este año más de medio millón de barriles, entre 543.000 y 550.00, una cifra por encima del límite de los 528.000 establecidos para el país por la Organización de Países Exportadores.
«Ecuador respeta esos acuerdos y por eso tuvimos que tomar la alternativa de salir de la OPEP», aseveró.
El economista César Robalino, exministro de Finanzas y Recursos Energéticos, advirtió en el encuentro de que «ya no es posible salir de la crisis» mediante fórmulas aplicadas anteriormente, y a la luz de la inversión pública que requiere el país y la negativa a varias medidas económicas por parte de grupos sociales, abogó por encontrar fórmulas alternativas.
«Es posible subir la producción petrolera, hay que liberar el petróleo», defendió el especialista y señaló al yacimiento en el Yasuní, Parque Nacional situado en la cuenca amazónica y de alto valor biológico.
En paralelo, llamó al Gobierno a reestructurar la deuda petrolera con China, y a hacerlo «de Gobierno a Gobierno» sin la intermediación de las empresas, además de propugnar la emisión de bonos a largo plazo como revulsivo para buscar liquidez.
La meta, según refirió el ministro de Energía, es comenzar a perforar y producir en el campo Ishpingo, en las plataformas A y B, que se encuentran fuera de la denominada «zona de amortiguamiento» del Yasuní, en el plazo de seis a ocho meses.
«Lo que hay que ver es si logramos la aprobación para las ocho plataformas alrededor de la zona de amortiguamiento, donde por ley es permitido desarrollar», añadió.
Por su parte, el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, defendió que «Ecuador es un país comprometido en promover la sostenibilidad ambiental como pilar fundamental de su desarrollo».
No obstante y frente a los retos sociales y ambientales en torno a la actividad extractiva, sea de la índole que sea, el titular medioambiental afirmó que el debate se cierne en torno a cómo debe ser esa explotación, «informal, artesanal, sin permiso», u «ordenada, regulada y generando riqueza».
«Debemos de reconocer que donde hay recursos naturales va a haber explotación», acotó.
Por su parte, el presidente de la comunidad indígena shuar de la provincia de Morona Santiago, Rubén Pitiur, que representa a unas 70 comunidades hogar de 15.000 habitantes, considera las actividades extractivas «como una oportunidad histórica para los pueblos que siempre fuimos postergados».
Este dirigente, considerado una rara avis entre las nacionalidades originarias de Ecuador, que suelen manifestarse en contra de la minería y la extracción petrolera, justificó a Efe su posición al señalar que «en la crisis nuestra gente ha perdido muchos espacios de poder».
A diferencia de las ideas «utópicas» que postulan algunos líderes indígenas, recalcó, los recursos naturales «nos permiten pisar suelo firme y manifestar qué es lo que queremos proponer para sacar al pueblo de la pobreza extrema. Es una posibilidad alternativa donde creemos que podemos ser parte de este proceso». EFE