Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad tributaria enfrenta varios retos. El primero: los ecuatorianos nos sentimos burlados por la administración pública. Según datos del BID, el dinero perdido por la corrupción del Gobierno pasado fue de 70.000 millones de dólares, pero no se percibe un mayor esfuerzo para recuperar ese dinero y sancionar a los responsables de esos delitos. Recobrarlo ayudaría a las desfinanciadas arcas públicas.
Segundo: tanto en la administración anterior, como en la actual, existen oportunidades de mejoras en las compras públicas. El Estado no debería seguir pagando más por los bienes y servicios que compra por esta vía. Si se adoptaran los controles necesarios, se lograría el objetivo de disminuir el gasto público sin despedir a ningún funcionario. Pero tampoco eso ocurre, lo cual hace sospechar sobre el manejo adecuado de esos recursos. Compras públicas y corrupción: una mezcla letal.
Tercero: nos dicen que hay que pagar más impuestos, pero la Presidencia de la república ha incrementado su nómina de 518 servidores públicos, en enero, hasta 776 trabajadores en octubre. Para que una empresa privada mantenga 776 trabajadores debe facturar algunas decenas de millones de dólares.
Nos quieren vender la idea de que no se puede reducir la plantilla, porque se afectaría el número de policías, médicos y profesores. El desmesurado aumento del rol de la presidencia no fue para contratar este tipo de profesionales, sino que refleja lo que ocurre en casi todas las instituciones y empresas públicas: son parte de un modelo económico clientelar que pretende pasarle la factura de la fiesta a la sociedad civil.
Cuarto: el principio de progresividad en la recaudación, “el que más gana, más paga”, implica un castigo a las empresas e inversionistas nacionales y extranjeros que han sido exitosos. Las compañías más grandes son las que mejores sueldos pagan a sus empleados, son responsables de más puestos de trabajo y las que más afiliados a la seguridad social tienen en proporción a esos indicadores en las microempresas. En otras palabras: “el que más gana, mejor calidad de empleo ofrece”. Eliminar deducciones de impuestos e intentar cobrarles más a las empresas con ingresos superiores, para cuadrar el desproporcionado gasto fiscal, significa dispararse en el pie: esos costos serán trasladados al consumidor final, convirtiendo al Ecuador en un país más caro aún, reduciendo el poder adquisitivo y haciendo que en la producción se encarezca, restándonos competitividad.
La solución pasa por bajar y eliminar impuestos, para que el consumidor se anime a comprar y por ende, se reactive la economía. En ese sentido, aplaudo la iniciativa de derogar el anticipo de impuesto a la renta en el proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad. La mayoría de las demás propuestas nos hacen sentir como que tenemos un hermano disipador, que dilapida el patrimonio familiar, arriesgando el de los demás.