Guayaquil, Ecuador
Con la histórica decisión que adoptó la semana pasada la jueza Daniella Camacho se ha cerrado la segunda fase –la fase de instrucción– del proceso penal en contra del jefe de la pandilla de saqueadores que nos gobernó por más de una década y de varios de sus allegados. Ahora queda por delante la no menos importante fase del juicio propiamente dicho. El país deberá estar atento, como lo ha estado a lo largo de este caso, a la forma como se desarrolle esta última fase procesal. Las presiones, el dinero y toda clase de armas no dejarán de usarse. Se lo ha visto en los grandes casos en contra de la mafia. Y no sería nada extraño que se lo haga ahora.
Debe recordarse, sin embargo, que están llamados a juicio no solo las caras más visibles de la mafia correísta que nos gobernó, sino que junto a ellas están las caras menos visibles de varios contratistas del sector público que formaron parte de esta red de corrupción. Allí aparecen nombres de importantes empresas constructoras que en cualquier otro país del mundo ya estarían prohibidas de mantener negocios o relaciones comerciales o contratos de cualquier tipo con el sector público. Solo gracias a la indolencia (¿o complicidad?) de buena parte de nuestra clase política no hay aún una profunda reforma al sistema de contratación pública para evitar que el asalto a los fondos públicos por parte de contratistas y funcionarios públicos siga muy campante. Como siempre, el riesgo es que el país quede distraído y encandelillado por el espectáculo de este proceso penal, pero que el sistema de corrupción de las coimas, aportes ilegales, sobreprecios, contratos a dedo, y otras prácticas, siga intocado.
La caterva de acusados en el reciente caso (Sobornos 2012-2016) es una buena muestra de que la corrupción está repartida casi diría en forma equitativa, entre el sector privado y el sector político o público, entre la Costa y la Sierra, entre grandes contratistas y medianos contratistas. Prueba irrefutable de que este es un problema estructural que debemos enfrentar. La corrupción no reconoce ideologías de derecha o izquierda o regiones geográficas o tamaños o cuantías. Para usar un término en boga, es una lacra transversal. Una lacra que buena parte de nuestra clase política no quiere erradicarla a pesar de tener el poder para hacerlo.
Cierto es que hay nombres que inexplicablemente no aparecen en la lista de acusados, aunque sí estuvieron bajo la lupa de los periodistas Villavicencio y Zurita, dos ecuatorianos a los que el Ecuador les debe mucho. La fiscal general ha explicado que este caso ha abierto otros cauces de investigación. Esperamos que así sea. El caso de los sobornos de los contratistas es un pálido reflejo con respecto al asalto de las hidroeléctricas, la comercialización del petróleo, la farsa de El Aromo y decenas de casos similares.
En todo caso, la actuación de la jueza Camacho y la fiscal Salazar han dado un soplo de esperanza en un año que parece no traer muchas esperanzas. (O)