Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
La convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José), de la cual Ecuador es parte, reconoce el derecho de reunión pacífica sin armas, así como la libertad de pensamiento y de expresión. Pero el ejercicio de estos derechos, como el de todos los derechos, está sujeto a las restricciones necesarias para que impere una sociedad democrática, el orden público, o para proteger la salud o los derechos o libertades de los demás.
Eso no ocurrió en las manifestaciones del mes de octubre. Los protestantes estaban divididos entre golpistas, vándalos y auténticos manifestantes a favor de la eliminación de los subsidios a los combustibles. En la mayoría de los casos, no respetaron el orden público, es decir, la legislación que evita que se vulneren los derechos de los demás. Lo correcto hubiera sido sentarse a dialogar para lograr acuerdos, porque ningún derecho vale más que otro. Solamente la armonización y ejercicio adecuado de todos permite la real vigencia de ellos.
Fuimos testigos presenciales, a través de las redes sociales o medios de comunicación tradicionales, del cometimiento de delitos penales flagrantes contra bienes y personas, la estructura del Estado y la paralización de servicios públicos. La Fiscalía debería actuar de oficio. Fueron vulnerados los derechos constitucionales al trabajo, libre circulación, seguridad jurídica, acceso a productos de calidad, medicamentos, entre otros que el pacto de San José protege para salvaguardar el orden público.
Siendo esto así, el poder judicial debería sancionar a quienes cometieron delitos flagrantes, pero ocurre lo contrario: el Consejo de Participación Ciudadana, los condecora. Un motivo más para que eliminar esta costosa función del Estado diseñada por el socialismo del siglo XXI para designar a las autoridades de control según su conveniencia.
El tiempo juzgará estos homenajes contrarios a la civilización. Seguramente en el futuro, bajo circunstancias políticas diferentes, estos reconocimientos serán retirados, como ha ocurrido en el pasado cercano con aquellos que entregó la Asamblea Nacional a nacionales y extranjeros que han causado perjuicios, y no beneficios a la sociedad. Actuaciones como esta, revelan la necesidad de regresar al bicameralismo con el objetivo de moderar la actuación precipitada tanto del Ejecutivo, como de la Asamblea para detectar este tipo de errores.
El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no constituye prueba plena, sino una visión sesgada de los eventos ocurridos en octubre del 2019. Sus funcionarios no encontraron evidencias de conspiración, vandalismo, ni infracción a los derechos humanos de quienes son parte de las fuerzas del orden ni de los que queríamos trabajar esos días. La realidad la vimos todos. Quedó plasmada en las oficinas de la Contraloría de Quito y en los heridos causados por la violencia de los manifestantes. Para progresar, requerimos partir de la verdad y es allí cuando el poder judicial, el legislativo y las organizaciones de derechos humanos quedan en deuda con la sociedad ecuatoriana.