La expectativa del Ejecutivo, sobre el inicio del juzgamiento, en el caso Sobornos, es que no haya ‘impunidad’, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Este viernes 31 de enero arrancará la etapa de juzgamiento a la que han sido llamadas 21 personas, entre ellas, el expresidente Rafael Correa.
La Fiscalía General del Estado los acusa del delito de cohecho porque, supuestamente, hubo una organización conformada por funcionarios públicos y empresarios para entregar contratos de obra pública a cambio de recursos económicos que habrían sido usados por el movimiento oficialista Alianza País (AP).
Romo, antes de viajar a Macas, donde -este jueves 30- se realiza un gabinete itinerante, señaló: «Que la justicia haga su trabajo, que la Fiscalía haga su trabajo. Al Gobierno no le corresponde interferir en la justicia, no lo ha hecho y el Gobierno se va a mantener por supuesto como un observador que está preocupado por lo que suceda. El mensaje de impunidad no es bueno ni para el país ni para la democracia».
Agregó que el Estado ecuatoriano, a diferencia del Gobierno, sí participa como acusador particular a través de la Procuraduría General del Estado. (I)