La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió este miércoles prisión preventiva contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa durante una audiencia pública de vinculación en el caso de supuestos sobornos que salpica también a copartidarios del exgobernante.
Además, la fiscal pidió la misma medida cautelar para el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario del Agua Walter Solís, el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado y para el exasesor ministerial Yamil Massuh, en el marco de las investigación del caso denominado por la Fiscalía como «Sobornos 2012-2016», y que la prensa bautizó como «Arroz Verde».
La Fiscalía sospecha que su investigación está relacionada con los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
La Fiscalía se basa en un archivo encontrado en el correo electrónico de la exasesora de Correa, Pamela Martínez, con el título «Receta para arroz verde», enviado por su secretaria, Laura Terán, en el que se detalla una contabilidad de aportes económicos recibidos de diversas empresas contratistas del Estado, entre ellas la brasileña Odebrecht, y a quiénes se les entregó dinero de ese fondo para financiar su campaña electoral en las elecciones de 2013.
Tanto Pamela Martínez como Laura Terán han sido capturadas y guardan prisión preventiva. En el proceso también consta un cuaderno manuscrito, encontrado en la casa de Pamela Martínez cuando fue allanada por la Fiscalía, en el que se detalla las contribuciones. La Fiscalía sospecha que una persona identificada en los escritos como SP es Rafael Correa.
La Fiscalía considera que las personas contra las que ha pedido orden de prisión preventiva, son autores de un delito. Para las otras 17 personas, entre ellas la asambleísta Viviana Bonilla, la Fiscal solicitó las medidas alternativas como prohibición de enajenación de bienes por $7.863.622, en caso de que se requiera una reparación integral. Además, la presentación de periódica ante la autoridad competente que determine la jueza Daniella Camacho y que la instrucción fiscal dure 30 días más.
Al tener la certeza de que Correa y Alvarado están fuera del país, el primero en Bélgica y el segundo en Venezuela, Salazar pidió a la jueza que oficie a la Interpol (Policía Internacional) para que se los ubique y capture.
Una vez solicite la Fiscalía medidas cautelares para todos, Salazar procederá a explicar las medidas que adoptará con respecto a los bienes de los ahora procesados.
En la pausa de la audiencia de vinculación a los presuntos implicados, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, el abogado de Correa, Fausto Jarrín, dijo que constató que «la Fiscalía desconoce las fechas, que confunde las versiones, que desconoce las fojas a las que está obligada a hacer referencia en un proceso, que no estamos empezando, estamos hablando ya de vinculaciones».
Sobre un depósito de 6.000 dólares a la cuenta bancaria de Correa del que se habló en la audiencia de hoy, Jarrín comentó que su defendido «fue beneficiario de un crédito que lo canceló en doce meses en cuotas mensuales».
«Es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por 6.000 dólares», comentó al señalar que en el proceso se debe determinar el origen de los fondos, que él considera que no es ilegal.
Y en declaraciones a los periodistas añadió: «No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata (dinero) mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal».
Sobre ese tema, Correa -quien vive en Europa desde 2017- ironizó a través de su cuenta de Twitter: «¡Chuta! De los ’15 millones de dólares en sobornos’ me han dado…¡$6.000 dólares!!! ¿No les da vergüenza ser tan ridículos?», escribió.
«Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales). ¡NO SEAN RIDÍCULOS!», agregó.
Correa ha negado reiteradamente las imputaciones y ha advertido de una supuesta persecución judicial y política en su contra para eliminarlo del mapa electoral ecuatoriano.
Vanesa Savala, abogada de Alvarado, indicó que en la audiencia la fiscal no ha señalado de qué modo su defendido presuntamente se aprovechó de su función pública para permitir algún tipo de beneficio.
«Mal podría pretenderse imponer medidas de orden punitivo porque el derecho penal no puede ser ejercido de forma antojadiza», comentó poco después de que se declarase un receso en la audiencia.
- Con reportes de EFE