Miami, Estados Unidos
Luego de las debidas disculpas del Presidente Lenin Moreno ante su impertinencia humorística sobre la discriminación que sufrirían “las personas feas” al ser acusadas de acoso sexual (y sumarle otro exabrupto sobre su ocaso sexual), quizás sea el momento de que afronte la alarmante realidad de la violencia sexual en Ecuador, que pasa por el acoso y sigue hacia la violencia sexual y llega hasta delitos tan execrables como la pederastia, que el reciente veto de Moreno al registro de violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, impide contener.
El presidente Moreno demuestra su desconexión de la sistemática violencia sexual y especialmente con la pederastia perpetrada por afines a la Revolución Ciudadana. Como los casos del padre del ex Vicepresidente Jorge Glas, quien violó y embarazó a una niña; del sobrino de los ex ministros Alvarado Espinel, quien abusó de una menor ecuatoriana en Costa Rica; a la Red de Maestros impuesta por el partido de gobierno Alianza País, con cientos de denuncias de abusos sexuales en centros educativos en el Ecuador, o el sonado caso del colegio privado en el cual el defensor del depredador sexual era nada menos que el abogado del ex presidente Rafael Correa y la Primera Dama testigo del depredador sexual.
No fueron denunciados solamente “las personas feas”. Hoy están en el ojo público dos sonados casos de violaciones sexuales, trata de menores y pornografía infantil que están siendo ventilados en los juzgados del país, como el de “El Mangajo”, un adulto joven de buena apariencia y nivel socio económico que utilizaba estas características y drogas para violar a adolescentes, hacerlas víctimas de pornografía infantil y hasta de prostitución involuntaria.
El caso de “Careniña” es de similares características, más una directa relación con una red de trata liderada por el norteamericano Royce Phillips, alias “El Abuelo”, quien se presentaba como un contratista petrolero, ostentaba fotografías suyas con miembros de la fuerza pública del Ecuador, hacía fiestas para captar a sus víctimas menores de edad con chicos de buena apariencia y drogas para vincularlas a una red de trata y pornografía infantil que pudo permanecer intocable ante las autoridades hasta que cobró la vida de Carolina Andrango, quien tenía 16 años y había vivido el martirio de esta red de trata, de la que quiso escaparse, pero solo pudo hacerlo sexualmente destrozada y muerta.
El mismo final sufrió la niña Emilia Benavides asesinada en Loja en 2017, tras ser secuestrada y martirizada por una red de trata y pornografía infantil que se distribuía en internet.
¿Por qué sabemos de la existencia de estas redes de tráfico sexual solo cuando hay víctimas mortales?
Las cifras de los delitos sexuales y organizaciones criminales en Ecuador no son chiste: entre 2017 y 2018 fueron rescatadas 287 víctimas de bandas criminales en el país. La epidemia no se resuelve con circo social, sino con voluntad política en la lucha contra los delitos sexuales desde la Presidencia, Ministerio de Gobierno y Fiscalía. Si la fuerza pública y sus altas esferas del poder no están comprometidos a desarticular las redes de tráfico sexual de menores son cómplices de ellas por omisión, aunque realicen esfuerzos para que no se registren las denuncias.
A pesar del subregistro, el 50 por ciento de las víctimas son menores de edad, cifra por sobre la media regional del 37 por ciento. Esto evidencia que las redes de trata infantil encuentran un mejor campo de operaciones, complicidades e impunidad en Ecuador que en el resto del continente.
Las denuncias de que Ecuador forma parte de estas mafias transnacionales no son nuevas. En 2011 una operación de la Interpol destapó una red entre Francia, Reino Unido, Argentina y Ecuador, que operaba una red de trata y pornografía infantil que llegaba hasta Australia.
Otra operación policial realizada por el FBI y la policía de Chile detectó una red de pedofilia que intercambiaba vídeos y fotografías a través de foros en América y España. Entre los países que conformaron esa red fue encontrado Ecuador.
Si bien estos operativos internacionales dan con algunas redes en el Ecuador, poco sabemos de otras organizaciones investigadas localmente como las de “El Abuelo”, quiénes las encubren y protegen, o qué se ha investigado en cuanto a una red de pornografía infantil en el sistema educativo ecuatoriano.
Aunque de los 882 casos de abusos sexuales registrados entre 2014 y 2017, 561 casos fueron perpetrados en los recintos estudiantiles, la Asamblea del Ecuador no dio paso al juicio político al ex Ministro de Educación del correísmo, Augusto Espinosa. Bajo su gestión fueron encubiertos cientos de casos de escolares víctimas de abuso sexual a partir de los 3 años de edad, en los que se evidenció que no solo participaron los profesores como victimarios de violaciones y abusos sexuales como el registro de pornografía infantil en sus celulares, sino también rectores y autoridades públicas como encubridoras.
En el 2018, Lenin Moreno consultó a la ciudadanía la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y recibió el mandato de que así sea. Para que se haga justicia, primero hay que ser implacables tanto con el acoso sexual como con las redes del crimen organizado que operan en el Ecuador. Aún tiene un año para emprender acciones contundentes en defensa de los más vulnerables de la sociedad y enmendar en algo este nefasto legado de la revolución ciudadana.