La Policía de España habría abortado en agosto de 2019 un plan de fuga del exsecretario de la SENAIN del gobierno de Rafael Correa, Pablo Romero, que contaba con la ayuda de altos cargos de Podemos y de la Embajada de Venezuela, según ha reportado el sitio español OkDiario. Los agentes de la División de Cooperación Internacional alertaron a la Fiscalía española de que Pablo Romero Quezada, que residía en Madrid desde junio de 2018 pendiente de su entrega a Ecuador, se había dirigido hasta la Embajada venezolana en Madrid, según el sitio, que no cita fuentes.
Según el periodista Manuel Cerdán, en una entrega del 1 de marzo de 2020, Romero esperaba que la delegación diplomática de Venezuela le otorgue la documentación necesaria para poder salir de España una vez que su pasaporte le había sido retirado por la sección tercera de la Sala de lo Penal de Madrid, que había aprobado ya en dos ocasiones, en enero de 2018 y en agosto de 2019, su extradición a Ecuador.
La tesis que plantea OkDiario, es que un supuesto plan conjunto del expresidente Rafael Correa y el vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, para detener la extradición de Romero, había sido delatada “por una información reservada” del entorno bolivariano. Fuentes mencionadas por OkDiario, aunque sin citarlas, dice que para la Policía de España la información era veraz: “Se trata de información grave y perfectamente contrastable, por lo que, ante el riesgo (…) resulta imprescindible que con perentoriedad se acuerde el ingreso en prisión del encartado, conjurando de forma inmediata la fuga”.
Tanto Pablo Romero como Rafael Correa se encuentran sindicados en la causa por el secuestro, en Bogotá, en 2012, del político Fernando Balda, que había huido de Ecuador tras una orden de prisión por supuestamente injuriar a Correa por decir que estaba espiando a la oposición.
Tras el secuestro, frustrado por la policía colombiana, se determinó que este había sido organizado por un agente de la SENAIN de nombre Raúl Chicaiza, quien se ha declarado culpable y cumple condena. Chicaiza declaró que el secuestro fue ordenado por Romero, quien a su vez le dijo que era orden de Correa. Chicaiza también ha declarado que posteriormente al secuestro, conversó con el propio Correa, a través del teléfono de Romero, y que este le prometió protección judicial.
Tras su extradición, Romero deberá declarar si el secuestro fue o no ordenado por Correa.
El objetivo final de Romero era un huida a Venezuela o a Cuba, vía Portugal. Según OkDiario, previamente Correa había llegado a un acuerdo con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que estaba al tanto del operativo de fuga.
Siempre según OkDiario, Pablo Romero se dirigió hacia la Embajada de Venezuela el 5 de agosto de 2019, pero no llegó a cruzar el umbral de la delegación diplomática y se quedó en un bar próximo a la calle Poeta Joan Maragall (antigua Capitán Haya) donde está ubicada la Embajada. Quien sí ingresó fue una representante de Correa y de la plataforma política Revolución Ciudadana en España.
Se trata de una ciudadana ecuatoriana, que hacía de puente entre Correa y Pablo Romero, y que milita en Izquierda Unida. OKDIARIO ha podido saber que la intermediaria tenía hilo directo con el ex presidente de Ecuador. No sólo se encargaba de organizarle todos sus actos políticos en España, sino que además hacía de puente con las organizaciones ecuatorianas.
Finalmente, los enlaces de Podemos con Correa aconsejaron suspender el plan de fuga tras conocer los informes policiales que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había presentado ante a la sección tercera de la Audiencia Nacional. Así evitaban la implicación de los diplomáticos de Maduro.
Los abogados españoles de Pablo Romero, vinculados a Podemos, lo convencieron de que, gracias a ellos, iba a prosperar la solicitud de asilo político ante el Ministerio del Interior de España frente a la extradición ya aprobada por la Audiencia Nacional. Paralelamente, el 6 de agosto, el tribunal decidía mantener en libertad provisional a Romero, aunque extremando las medidas cautelares.
Finalmente, el Ministerio del Interior de España negó el asilo y Pablo Romero fue conducido a Quito por la Interpol en un vuelo de Iberia, el pasado 21 de febrero.