Fiscalía llama a Roche y Lalama a rendir versión por cierre de aeropuerto de Guayaquil

El presidente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Roche (derecha), y el Director de Control de Tránsito, General Luis Lalama (centro) en una foto de archivo publicado por el diario El Telegrafo en julio de 2017.

La Fiscalía General del Estado ha convocado al presidente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, Andrés Roche, y al director de Control de Tránsito, General Luis Lalama, para que el sábado 21 de marzo rindan su versión libre y voluntaria sobre el cierre de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.

La tarde del miércoles 18 de marzo, un grupo de vehículos municipales y de la ATM invadieron las instalaciones del aeropuerto y bloquearon la pista para impedir el aterrizaje de un avión de la compañía holandesa KLM, que llegaba sin pasajeros, con once tripulantes, para recoger a ciudadanos europeos que habían quedado atrapados tras la prohibición de entrada de personas ante la crisis por la pandemia de coronavirus.

El hecho fue reivindicado por la propia alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien alegó la necesidad de defender la ciudad ante la pandemia.

La diligencia está prevista para las 14:00 y 15:00, respectivamente, en las dependencias de la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, según informó John Camposano, de la Unidad Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), quien agregó que se delegó a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional para que asigne un grupo de investigadores que asistirán a la Fiscalía en las investigaciones iniciadas.

También solicitó a la ATM indicar todos los vehículos de la Institución y los nombres de los respectivos conductores y del personal que laboró el día de los hechos.

Igual pedido se realizó a la Alcaldía de Guayaquil, que deberá responder si personal de la Policía Metropolitana se encontraba asignado a labores al interior del aeropuerto de esta ciudad.

La Fiscalía investiga los hechos como una presunta violación contra el Derecho Internacional Humanitario, con base en lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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