Un tribunal penal integrado por los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho, empezó a deliberar en el proceso en contra del execretario nacional de Inteligencia Pablo Romero, a quien la Fiscalía acusa de la autoría intelectual del secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá-Colombia, en 2012.
En la audiencia que se inició alrededor de las 08:50 de hoy martes 14 de julio y que concluyó a las 12:00, el fiscal general subrogante Wilson Toainga y Felipe Rodríguez, defensa de Balda, solicitaron que se le imponga la pena máxima de 9 años 3 meses de prisión.
Antes los jueces negaro la soliticut de Romero, de que compareciera el expresidente Rafael Correa, a quien se le atribuye también la autoría intelectual de ese delito.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, argumentó que no procedía la declaración porque el expresidente no es un tercero sino un imputado en el mismo caso, informó la Corte Nacional de Justicia.
Correa, que se encuentra en Bélgica desde que dejó el poder en Ecuador a mediados de 2017, se encuentra prófugo de la justicia por este caso en el que no se le puede juzgar en ausencia, y fue llamado a finales de 2018 a juicio como presunto autor intelectual del delito de secuestro de Balda en agosto de 2012 en Colombia.
En sus alegatos finales, la defensa del opositor político pidió la máxima pena para Pablo Romero, que fue capturado en España y extraditado a Ecuador en febrero pasado, además de solicitar disculpas públicas y que la sentencia sea publicada en un medio de comunicación de tirada nacional.
Balda exige además la colocación de una placa en las instituciones de inteligencia donde se mencione que «el sistema de inteligencia jamás debe estar destinado a perseguirlos, sino a protegerlos», mientras que en reparación pecuniaria ha exigido un dólar de compensación, «porque no pensamos enriquecernos con este caso», aseguró su abogado.
La Fiscalía General del Estado también pidió la pena máxima, una reparación integral a la víctima por las afectaciones familiares que causó el suceso, el pago de una multa y disculpas públicas ante el juez de ejecución.
Por su parte, el defensor de Romero, sostuvo que «no se ha probado el delito que subsume con la pena» y pidió la «prescripción de la acción» que consideró que no se llegó a consumar, de acuerdo a la Corte Nacional.
Balda fue introducido por la fuerza en un vehículo en la capital colombiana en agosto de 2012, que al cabo de 90 minutos fue interceptado por la Policía de ese país a raíz de las llamadas de unos taxistas.
Tras escuchar los alegatos, el tribunal dejó visto para sentencia el caso, a la espera de convocar nuevamente a las partes procesales para que conozcan el dictamen.
En el proceso que enfrenta Romero por presuntamente coordinar el secuestro, la justicia rechazó un auto de recusación y a principios de mes una audiencia contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), tuvo que suspenderse por problemas técnicos con una videoconferencia desarrollada desde la cárcel cuatro de Quito, donde se encuentra detenido el procesado.
El caso del secuestro de Balda ya fue juzgado en Colombia, donde se condenó a los autores materiales del delito, quienes confesaron que fueron contratados por Diana Falcón y Raúl Chicaiza, entonces agentes de la SENAIN que dirigia Roero. La Justicia ecuatoriana reabrió el caso hace dos años, y condenó a ambos, quienes aceptaron su responsabilidad y aceptaro colaborar con la justicia.
Diana Falcón y Raúl Chicaiza, subordinados de Romero, han declarado que contrataron a los colombianos para secuestrar a Balda, por orden directa de Pablo Romero. Chicaiza declaró también que Romero le dijo que el secuestro era una orden directa del entonces Presidente Rafael Correa.
Chicaiza ha dicho también que tras el secuestro habló telefónicamente con Correa, a través del teléfono de Pablo Romero, con él como testigo. Dijo que Correa le prometió protección.
En el proceso, Romero ha negado las imputaciones de Chicaiza, se ha proclamado inocente y ha negado la participación de Correa.
- Con reportes de EFE