Quito, Ecuador
Si en el Ecuador existiese un investigador a la altura de la doctora Kay Scarpetta: la protagonista de varias novelas de Patricia Cornwell; o fiscales, abogados y jueces como los que se relacionan en los complejos casos novelados por John Grisham, la realidad del Ecuador sería muy distinta. Los criminales estarían en la cárcel y no ocupando cargos públicos de vital importancia.
Un hombre entra al supermercado 7/9. La dirección es la Avenida Versalles y Ramírez Dávalos, diagonal al mercado de Santa Clara en Quito. A una cuadra se ubica la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Saca de su gabardina una pistola brillante, la cual fulgura con las luces del lugar, esboza una malévola sonrisa y se dispone a asaltarlo. Él es militante del Partido Socialista Ecuatoriano. Su destino debió haber sido el penal, pero realmente fue a vivir a Suecia con el auspicio de su militancia. Poco tiempo después es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Ostenta un título de licenciado en Derecho, cuando realmente no lo tiene. Un agente del Ministerio de Gobierno llamado Luis Nawel lo sostiene desde abajo en calidad de su presidente del Núcleo de Pichicha de la Casa de la Cultura…
Si un narrador de novelas de misterio se propusiera a crear una trama de ese estilo, quizá su final resultaría inapropiado para los lectores. Las audiencias se han acostumbrado a que el detective atrape y descubra los planes de los asesinos antes de llevarlos a cabo, pero la vida real es más radical. La verdad, como dijo el francés Jacques Clouseau, “es que el crimen nunca paga.”
La delincuencia organizada se ha tomado la CCE. El asaltante se lleva 5.000 dólares mensuales como sueldo y su compinche del Ministerio 2.500. Podría ser que la trama escabrosa termine aquí, pero el investigador descubre otro dato. Para esto me permitiría pedir al lector que se imaginase un gran salón. Allí estaría el presidente nacional de la CCE, su delegado de Pichincha, el expresidente del Núcleo Provincial, Francisco Ordóñez, el actual alcalde de Quito Jorge Yunda y el exburgomaestre capitalino Augusto Barrera. Cada uno yace sentado en una silla. El policía, al lado del detective, sostiene las esposas, cuya cadena suena, mientras le cuelgan de una mano. El fin del caso devela la luz a los anonadados asistentes lo siguiente:
—El señor Ordóñez en cuestión —empieza a decir el brillante hombre que dio la solución al embrollo— fue nada más y nada menos que destituido de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) por las coimas que recibió del Doctor Yunda para que se le obsequie doce frecuencias más a las que ya posee en calidad de “radiodifusor”. No obstante, también fue retirado de la Radio Municipal por el exalcalde de Quito, Augusto Barrera quien lo tachó de “traidor”, de “lengua larga” y un “locutor incapaz”.
El policía coloca la llave a las esposas y las abre con paciencia.
—El crimen del señor presidente de la Casa de la Cultura, ¡sí otro más!, actualmente fue aliarse con los correístas infiltrados, Jaime Vargas y Leonidas Iza para destruir el patrimonio de la capital del Ecuador e incendiar la Contraloría General del Estado. Traicionaron (como es muy normal en los socialistas) a su amigo de cuarenta años Lenín Moreno, buscaron derrocarlo de la Presidencia de la República a toda costa y fueron cómplices del secuestro a periodistas en el Ágora y del atentado contra la vida del comunicador Freddy Paredes. ¿Necesitamos más?… El partido Pachakutik, hoy busca candidato para las elecciones del 2021 en coalición con los destructores de la educación el país los del Movimiento Popular Democrático (MPD), hoy Unidad Popular (UP), donde militan, entre otras “personalidades”, Pamela Troya y Efraín Soria.
—¿Cuál es entonces el testimonio esclarecedor, detective? —inquiere el agente.
El hombre saca su pipa, se aclara la voz y tuerce el cuello.
—Mi deducción final es que la cultura es la verdadera víctima. Murió pisoteada por estos criminales de poca monta que pasarán sus días de encierro a la sombra de los barrotes. Creo yo, sin miedo a equivocarme, que aquí yacerán implicados los dos Gerentes del Plan de Lectura del Gobierno de Moreno. Edgar Allan García huyó a México como su banda de amigos y la otra posee delirios de grandeza, se escuda en palabras dementes de opiniones burdas, comparando su nombre con el del exvicepresidente Otto Sonnenholzner y duró en su puesto cinco míseros meses. ¿Cuál es su cargo? Ambos nunca dijeron cuánto dinero realmente pasó por sus manos mientras estaban en la gerencia del Plan Nacional de Lectura. María Fernanda Ampuero, a tirabuzón, confesó que la Feria Internacional de Quito de 2019 costó 700 mil dólares, ¿en qué fueron invertidos tras esa paupérrima actuación de una FIL tan mediocre?
Yunda lo mira derrotado y molesto.
—Señor alcalde, ¿debo decir más sobre las personas que puso a cargo de la Secretaría de Cultura del Municipio, de quienes manejan las bibliotecas y de la pésima gestión de la directora del Centro Cultural Benjamín Carrión cuyo despido de empleados masivos nunca supo justificar? La verdad es… —el hombre mira fijamente al firmamento, los implicados son llevados uno a uno a un coche patrulla y da su reflexión—: la cultura reposa en manos de nadie.