Guayaquil, Ecuador
En los próximos días tendrá lugar la audiencia en la que tres jueces de la Corte Nacional escucharán los argumentos finales de la mayoría de los acusados del caso Sobornos. Los jueces resolverán si aceptan o no anular la sentencia que los condenó en primera instancia y que luego fue confirmada en segunda instancia. No es exagerado decir que se trata de una audiencia histórica. Con la confirmación de las condenas impuestas por los dos tribunales, los jueces de la Corte Nacional pondrán fin a muchas cosas. Pondrán fin, por ejemplo, a la tradición ecuatoriana de dejar en la impunidad los delitos cuando sus autores son políticos muy populares o personajes de gran poder económico. La costumbre ha sido que los órganos de control detectaban la comisión de graves delitos, en el sector privado o público, un escándalo explotaba, acusaciones iban y venían, los daños eran enormes, los medios informaban y en coro se decía que “hay que llegar hasta las últimas consecuencias”. Pero misteriosamente no había culpables. Con todo cinismo se decía que no había pruebas, o que no eran suficientes, y así por el estilo. Y luego el siguiente escándalo lo enterraba todo. La lista de los delitos sin culpables es enorme.
Y así fue como se cimentó en nuestro país una cultura de corrupción que llegó a su clímax durante la dictadura correísta. Su líder debería ser condenado en realidad por el horrendo crimen de haberle inyectado en las venas del Ecuador la droga del dinero fácil, del robo, de los parásitos corruptos que vestidos de empresarios, políticos, intelectuales, técnicos o dizque abogados se han beneficiado a costa de nuestro futuro. Toda una clase de nuevos ricos con una mentalidad de narcotraficantes ha surgido y con pretensiones de imponerse socialmente, gente a la que solo importa su ostentación y arrogancia. Y mientras tanto, toda una generación ha quedado embobada bajo los efectos del soborno colectivo, la indiferencia política y el quemeimportismo social.
Gracias a la entereza de la fiscal general, Dra. Diana Salazar, y de los jueces de la primera y segunda instancia, esta tradición de impunidad parece que ha terminado en el Ecuador. Que falta mucho por hacer, claro. Que la mafia correísta ha cometido delitos más graves, es verdad. Que hay que recuperar lo que se han robado, por supuesto. Que todavía el correísmo sigue incrustado en muchas instituciones, muy cierto. Pero lo hecho hasta ahora es importante. Lo que ha logrado la fiscal general en pocos meses no se ha hecho en décadas en nuestro país, un país donde muy pocos expresidentes pueden caminar tranquilamente por la calle y casi ningún político o exfuncionario público puede explicar de dónde saca el dinero para financiar su tren de vida.
No es una exageración. Los mencionados jueces tienen una misión trascendental para el futuro del país. Una misión similar la han enfrentado otros jueces en Panamá, Brasil o Perú al condenar a organizaciones criminales creadas por gobernantes y líderes de izquierda o de derecha, en complicidad con empresarios corruptos. Tal parece que no ha sido la espada de Bolívar, sino la chequera de Odebrecht, la que recorría por América Latina.
Afuera de la sala de audiencia habrá toda una nación en espera. O nos vence la corrupción, o la vencemos a ella. (O)