El Gobierno español anunció este martes la creación de una Fiscalía especial en el Tribunal Supremo que estará destinada a proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura franquista, a la que podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.
Este es uno de los puntos que aborda el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado hoy por el Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez, con el que se amplía la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, se espera recuperar unos 25.000 cadáveres todavía en fosas comunes y se prohíbe en España la exaltación de la dictadura.
La nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos se dedicará a investigar los hechos producidos en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) en base al derecho y los tratados internacionales.
«No hay más garantía para investigar esas violaciones de los derechos humanos que estar en los tratados internacionales a los que España está obligada», dijo hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, principal impulsora de la ley.
EL MAUSOLEO DE FRANCO SERÁ UN CEMENTERIO CIVIL
El anteproyecto de la norma, que ahora pasará por el examen jurídico del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, prevé transformar el Valle de los Caídos, el mausoleo donde permanecieron enterrados los restos de Franco desde su muerte en 1975 hasta que fueron exhumados hace casi un año, en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos de la guerra que reposan en la cripta.
Para resignificar el Valle se retirará a los monjes benedictinos la custodia de la basílica que ostentaban hasta ahora, aunque, de momento, no está sobre la mesa demoler la gran cruz que preside el recinto.
La ley, que ahora comienza su tramitación, prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», algo que ya ocurre en otros países europeos.
La socialista Calvo explicó que el nuevo texto plantea también suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el ducado de Franco.
Asimismo, se retirarán las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia.
CREACIÓN DE UN BANCO DE ADN
En materia de fosas, se creará un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación, aunque antes será necesario elaborar un censo oficial de víctimas ya que, aunque hay estimaciones históricas, no existen datos fiables al respecto.
En este ámbito se enmarca también la creación de la Fiscalía, que el Gobierno español define como «potente» y no cree que choque con la Ley de Amnistía de 1977, que ha sido un obstáculo hasta ahora para juzgar estos hechos.
De hecho, el papel de la Fiscalía especial y la declaración de nulidad de los juicios sin garantías de la dictadura constituyen algunos de los aspectos más delicados, desde el punto de vista jurídico, que se tendrán que esclarecer durante la tramitación de la ley.
No obstante, el Ejecutivo está convencido de que el planteamiento es viable y pertinente, al invocar en todo momento las recomendaciones de organismos internacionales.
NUEVAS FECHAS CONMEMORATIVAS
Más allá de estos aspectos jurídicos y en el ámbito más simbólico, el anteproyecto incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando el Parlamento aprobó la Constitución española, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles.
En esta línea, la norma incluye la atención a colectivos especialmente reprimidos por la dictadura, como mujeres u homosexuales, así como a la etnia gitana.
La protección de los archivos que permitan recuperar ese legado, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos e incluso el retorno a España de fondos documentales del exilio también se incorporan a esta ley de Memoria Democrática.
Mención aparte tendrá el ámbito educativo, ya que el estudio de la Memoria Democrática se incorporará al currículum de la educación secundaria y el bachillerato y también a la formación del profesorado.
A diferencia de la Ley de Memoria Histórica en vigor, aprobada durante el mandado del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el nuevo anteproyecto prevé un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros para casos muy graves, como la destrucción de fosas comunes, el traslado no autorizado de restos o el daño o menoscabo a lugares reconocidos como de «memoria democrática».
Calvo anticipó que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo y, como se tardará «mucho tiempo» en aplicar, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria.
Se trata, enfatizó la vicepresidenta española, de un «texto urgente», porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta», que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo. EFE