La asambleísta Karina Arteaga deberá permanecer en su domicilio durante el proceso que dura la investigación por el presunto delito de concusión que se sigue en su contra, relacionado a otro caso de Diezmo en la función legislativa.
Tras la formulación de cargos por parte de la Fiscalía contra Arteaga, el juez nacional David Jacho dictó arresto domiciliario, vigilancia policial permanente y uso de grillete electrónico, como medidas cautelares. Además, señaló el inicio de la instrucción fiscal de noventa días.
La Fiscalía sin embargo había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva contra Arteaga, pero el juez señaló que “dada la situación de emergencia sanitaria, y únicamente por este contexto”, no se acoge el pedido de Fiscalía.
El juez también dispuso el congelamiento de fondos que la asambleísta tenga en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por 45.000 dólares, para cumplir con una posible reparación a las víctimas.
La investigación determinó la presunta existencia del delito y que la procesada -en su calidad de asambleísta, abusando de su cargo y a través de terceros- habría exigido la entrega de aportaciones no debidas a sus subordinados y a personas particulares, a cambio de plazas de trabajo.
Y también que, en algunos casos, habría solicitado hasta el 90% del sueldo percibido por sus colaboradores, que eran entregados a su cónyuge o a sus asistentes personales.
Los denunciantes aseguran que el dinero era pedido como aportaciones para el movimiento político al cual ella pertenece; sin embargo, en ocasiones habría sido para el pago de bienes y gastos personales, y de sus familiares.