Rochester, Estados Unidos
Estamos tan embelesados con las últimas capturas a cargo de la justicia que hemos empezado a emitir proclamas diarias refiriéndonos a la inauguración de la justicia, a la esperanza recuperada, a un futuro mejor. Y en realidad, se trata de un deseo plausible pero aún muy distante de la realidad.
Una breve revisión de la historia nacional devela una justicia hermanada con el poder, dócil a sus designios e independiente por excepción. Detrás de una leve pátina de legalidad, se ha escondido tradicionalmente la persecución, la revancha y la supervivencia de una facción política frente al peligro que representan los antagonistas de turno.
Los ejemplos de impunidad y abuso desde los más altos niveles del poder han sido materia de todo tipo de relatos familiares, con una secuela de dolor, rupturas y resentimientos seculares. Las notables ausencias en la lista de condenados por la justicia han sido el argumento perfecto para criticar, minimizar y cuestionar a muchos jueces en particular y a la justicia en general. Y con razón. Muchos defraudan y han defraudado al fisco, han manipulado y manipulan leyes y regulaciones en su beneficio, cometen y han cometido abusos de poder a vista y paciencia de legisladores, denunciantes y colegios profesionales.
La única ley que no se ha derogado en ningún régimen es la de la complicidad con el poder, la del silencio frente a las flagrantes violaciones al interés público en beneficio de muchos privados, acostumbrados a la coima y la extorsión como fórmula de éxito para contratar con un Estado intencionalmente obeso y omnipotente. Y por supuesto, la consiguiente desesperanza del ciudadano común, entrampado en una telaraña jurídica, veleidosa y cambiante, es la otra cara de la medalla frente a un sistema legal que favorece intereses creados y tecnicismos “jurídicos” sobre la realidad que apercibe el ojo desnudo y objetivo del resto.
La recomendación infaltable de evitar demandas para no exponerse a la codicia de algunos abogados, la dudosa actuación de jueces y secretarios y la incomprensible lógica de muchas sentencias son los argumentos disuasivos para evitar en lo posible el calvario judicial.
Por supuesto, presento las debidas disculpas a todos los profesionales que componen las excepciones de rigor, pero que no logran impedir la mala fama que, en términos generales, rodea a la función judicial. Más allá de las sonadas condenas a Correone y a parte de su gabinete, son aún notorias las omisiones y la lentitud en muchos otros casos, ampliamente perjudiciales para el País y a cargo de otros miembros del gabinete cuya impunidad y ausencia no dejan de sorprender.
La inmensa cantidad de dinero extraída de las arcas fiscales es argumento suficiente para reclamar y exigir nuevas y exhaustivas investigaciones y condenas a todos los asaltantes que participaron en el sistemático saqueo al dinero de todos. Es indudablemente una bocanada de aire fresco la serie de actuaciones judiciales que ha sacudido a un país adormecido y acostumbrado a la impunidad, al abuso, y a los intocables de turno, y está claro que el proceso de simplificar y endurecer un cuerpo de leyes que privilegian la fuga sobre el castigo y la triquiñuela sobre la sanción va a ser largo y tortuoso, pero una de las cuentas pendientes del sistema democrático es la independencia del poder judicial y desaparición de la influencia del ejecutivo y el legislativo para apurar o detener la justicia, que está obligada a actuar con absoluta responsabilidad y transparencia frente al poder.
Allí, y solo allí, podremos recuperar la fe en esa institución, tan necesaria para recuperar lo que perdimos estos últimos años y que es indispensable recuperar: la esperanza y la confianza en nuestras autoridades.