Guayaquil, Ecuador
De aplicarse la ley, uno o dos de los binomios inscritos deberían ser eliminados. Que hay dedicatoria, ya han comenzado a gritar sus seguidores. Ni de lejos.
Dedicatoria fue lo que tuvimos tiempo atrás, cuando la última dictadura militar reformó la legislación electoral introduciendo el requisito de que los candidatos presidenciales debían ser hijos de padres ecuatorianos. El objetivo era evidente, impedir la candidatura a la Presidencia de don Assad Bucaram, el único de los precandidatos que no cumplía ese requisito. Don Assad era un líder controversial, ciertamente, pero no un delincuente. Tenía una hoja de vida limpia. No había sido condenado por soborno ni cosa parecida. Aquel requisito, que nunca había sido exigido, era una dedicatoria evidente.
Esa no es la situación por la que hoy atraviesan las candidaturas de ciertos binomios presidenciales. Las reglas electorales, como aquella que exige la aceptación presencial de las candidaturas para que exista el binomio, estaban escritas desde hace varios años. Nadie puede decir que fueron hechas al apuro, con la finalidad de que tal o cual binomio no pueda participar en la contienda electoral del próximo año.
Tan cierto es esto que la mayoría de los binomios ha cumplido dichas reglas. Todos sabían desde hace años que para que exista legalmente un binomio ambos candidatos debían aceptar sus candidaturas de forma personal, que al candidato a la Vicepresidencia le eran aplicables las inhabilidades del candidato a la Presidencia y que se requería de elecciones primarias para cada candidato.
¿Por qué no vino el hoy prófugo de la justicia al Ecuador a aceptar personalmente su candidatura a la Vicepresidencia de la República como manda la normativa, algo que todos los demás candidatos sí la han cumplido? La única explicación podría ser el miedo a ser detenido, aunque el caso por el que fue luego sentenciado aún estaba en trámite; aparte de que pasa jactándose de su valentía.
Pero esto nos lleva, entonces, a preguntarnos si ahora en el Ecuador hemos inaugurado una nueva era en la que se hacen excepciones a las reglas generales para favorecer a quienes han sido procesados penalmente por delinquir. En otras palabras, ¿vamos a tener leyes para favorecer la participación en la vida pública de los acusados por actos de corrupción y otras para el resto de los ciudadanos? ¿Qué corona tienen estos señores en una democracia para que la ley o las instituciones públicas, como el Consejo Nacional Electoral, creen excepciones en su favor?
Nuevamente el país se ve abocado a presenciar el espectáculo de cómo, en nombre de la imparcialidad, se termina torciendo la ley para irla acomodando a los intereses políticos de unos o de otros.
El mensaje que se estaría enviando es que por encima del interés colectivo de una democracia transparente y libre de corrupción está el derecho de ciertas personas a participar en política.
Con ese discurso de defensa de derechos hemos llegado al punto de que varios movimientos políticos aprobados y financiados por la ciudadanía han sido fundados por prófugos de la justicia, cuestionados por la Contraloría y hasta por individuos que hoy guardan prisión por peculado. (O)