La Comisión de Fiscalización y Control Político fijó para el 31 de octubre la comparecencia de la ministra de Gobierno María Paula Romo, para que presente las pruebas de descargo en el juicio político en su contra por un supuesto incumplimiento de funciones.
Para los auspiciantes del juicio contra Romo, los lesgisladores Amapola Naranjo, María de Lourdes Cuestas y Roberto Gómez, se fijó para el lunes 19 de octubre sus comparecencias para que sustenten y demuestren el supuesto el incumplimiento de funciones de la ministra.
Este juicio político está relacionado a las violentas manifestaciones que se registraron entre el 3 y 14 de octubre de 2019.
Protestas que dejaron millonarias pérdidas económicas; destrucción a propiedades privadas y públicas; policías y periodistas secuestrados y agredidos; miles de heridos; y, varias personas fallecidas.
Los auspiciantes del juicio político, que cuenta con el respaldo de 47 firmas, fundamentan su acusación en la responsabilidad de la funcionaria como titular del entre rector de la Seguridad Pública, que, según afirman, evidenció una falta de mantenimiento del orden público, vulneración de los derechos humanos y pérdida de confianza en la autoridad.
Otro juicio político
No es la primera ocasión que la ministra Romo enfrenta un juicio político.
El pasado diciembre del 2019 ya se intentó destituir a Romo a través de un proceso de fiscalización, pero que la Comisión de entonces archivó porque consideró que los denunciantes no tuvieron contundencia para demostrar, documentadamente, que hubo incumplimiento de funciones.
En esa ocasión fueron los mismos asambleístas, Naranjo, Gómez y Cuestas, los que impulsaron el juicio político contra Romo por los hechos relacionados a la violencia carcelaria, los altos índices de inseguridad y el mal uso de un helicóptero de la policía.
Para entonces, entre los miembros de esa Comisión de Fiscalización, constaban entre otros, el exasambleísta Daniel Mendoza, quien está en prisión por la fallida construcción del hospital de Pedernales; y, Eliseo Azuero, quien está prófugo de la justicia, tras ser investigado en la misma trama de corrupción con Mendoza.