Guayaquil, Ecuador
En las próximas horas la Asamblea Nacional decidirá respecto al pedido de censura a la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en relación a su actuación frente a los incidentes ocurridos en octubre del año anterior. Los cargos presentados: utilización de gases lacrimógenos caducados y el lanzamiento de bombas lacrimógenas en los “centros de paz y acogida humanitaria”.
La sola formulación de los cargos resulta inverosímil, para todos aquellos que fuimos espectadores de los hechos tan graves que sucedieron como consecuencia del decreto del gobierno nacional que pretendía racionalizar el subsidio a los combustibles; como medida para hacer frente al grave desequilibrio fiscal, que continúa siendo un pesado lastre para la economía ecuatoriana. Para la Asamblea quienes merecen censura no son los sediciosos que conformaron una impresentable alianza con sus antiguos verdugos; alianza que buscaba abiertamente el derrocamiento del gobierno legalmente constituido y de esta manera garantizar la impunidad de quienes por más de diez años dilapidaron los recursos públicos y utilizaron todos los medios a su alcance, para perseguir y silenciar a quienes tuvieron la valentía de denunciarlos.
Los culpables del incendio a la Contraloría, el secuestro y agresión a periodistas, el ataque a cuarteles militares y la destrucción de la infraestructura pública y privada, ocurridos durante ese octubre fatídico, no son merecedores de censura por parte de nuestros asambleístas. Por el contrario, los máximos responsables de esa intentona golpista fueron presentados como testigos estrella dentro de este vergonzoso juicio político. Los quiteños cuya ciudad fue sitiada y vejada por los insurrectos, tuvieron que soportar la nueva indignidad de escuchar a los dirigentes golpistas afirmar sin pudor, que las manifestaciones fueron pacíficas y que los culpables de los desmanes fueron los miembros de la fuerza pública.
Para la Asamblea no son motivo de censura las autoridades de las universidades que tan acomedidamente abrieron las puertas de sus instalaciones, para acoger a quienes cometieron actos tan bárbaros como azotar públicamente a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Estas universidades, que por cierto cuentan con financiamiento estatal, son denominadas en el juicio bajo el eufemismo de “centros de paz y acogida humanitaria”; como si la vulgar intentona golpista pudiera ser equiparada a un conflicto bélico entre partes con igual legitimidad.
Para nuestros asambleístas no merecen censura los dirigentes de los partidos políticos, que no tuvieron la entereza de asumir una posición clara frente al país para repudiar el insensato levantamiento y que se escudaron en la supuesta inconveniencia del decreto, justificando de manera solapada a los insurrectos. Para ellos la censura la merece la Ministra de Gobierno por haberse utilizado gases lacrimógenos durante las protestas; a pesar de haberse demostrado durante el proceso que no resultan nocivos, sino que pierden su efecto y que su utilización fue ordenada por el alto mando policial y no por la Ministra Romo.
A los inconfesables intereses de los nuevos aliados de octubre, que ya no se molestan en disimular su sintonía como ocurrió en Bolivia, se les unen los de los irresponsables que con tal de cobrar venganza contra el gobierno por la pérdida de espacios y canonjías, están dispuestos a hipotecar la viabilidad del país, comprometiendo de esta manera la seguridad de las vidas y los bienes de los ecuatorianos. Malos cálculos harían los asambleístas que llamándose anticorreistas, confíen en la fragilidad de la memoria colectiva; para hacerle el juego a quienes buscan liquidar las instituciones para volver por sus fueros, e instaurar ahora sí, un régimen de partido único que termine por anular una a una las libertades públicas. No seremos pocos los que recordaremos sus nombres.
Son varias las razones por las cuales resulta legítimo discrepar con la Ministra de Gobierno. Su rol en la elaboración de la Constitución de Montecristi, los fracasos en la conducción política del gobierno, su posición sobre el aborto, entre otras. Pero por ninguna de esas razones está siendo llevada a juicio político. La censura de la Ministra de Gobierno representaría un peligroso paso más hacia el despeñadero del caos al que quieren llevarnos, quienes pretenden la instauración de un régimen totalitario. El país merece una mejor suerte, ojalá existan suficientes asambleístas a los que les importe.