Coimas aplazadas

Eduardo Carmigniani

Guayaquil, Ecuador

El documento que mejor describe la trama corrupta de Vitol en Ecuador es la declaración del agente del FBI, James Kelley, presentada en la corte de Nueva York el 10 de julio de 2020, en soporte de la acusación penal en contra de Javier Aguilar, el exfuncionario de la multinacional a cargo de los sobornos.

En el párrafo 21 se lee (sintetizado) que se pagaría a unos “consultores” ecuatorianos 25 centavos de dólar por barril de fuel oil “vendido” por Petroecuador a una empresa estatal usada de fachada -para eludir la licitación- pero que en verdad representaba los intereses de la empresa para la que trabajaba Aguilar. Y que los tales “consultores” usarían parte de esos pagos para sobornar a dos funcionarios, uno de Petroecuador y otro del Ministerio de Hidrocarburos.

El párrafo 23 explica que el contrato se firmó el 6 de diciembre de 2016, bajo la figura de un préstamo de 300 millones de dólares, que se pagaría con la entrega de fuel oil.

Los sobornos comenzaron a ser entregados en 2018, cuando los funcionarios habían dejado los cargos, en clara estrategia dirigida a eludir una acusación por cohecho. El problema de los “consultores” (esto ya es cosecha mía) es que el Código Penal tipifica ese delito no solo cuando se concreta el beneficio económico indebido, sino también cuando se lo ofrece o promete (art. 280). Las coimas de entrega aplazada calzan ahí.

El agente Kelley sostiene tener pruebas irrefutables. Por ejemplo, el párrafo 30 de su declaración dice que hay grabaciones de una reunión, del 5 de marzo de 2020, entre los “consultores” y Aguilar, en un restaurante en Houston, en la que los primeros reclamaban los atrasos en la entrega de los fondos, lo que los tenía “en mora” con el exalto cargo de Petroecuador.

En la acusación penal del Departamento de Justicia (septiembre 22 de 2020) se dice conocer la identidad de los “consultores” y funcionarios sobornados. He ahí un trabajito para las demostradas buenas relaciones en Washington de la embajadora Baki. Esto no puede quedarse solo en lucubraciones de la prensa. Hay que iniciar procesos penales.

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