Guayaquil, Ecuador
Le tomo prestado el adjetivo a Luis Robles Plaza, que se refirió de esta manera a los actores políticos de 1987 que trataban de llevarlo con cualquier excusa a juicio político con tal de censurar al Ministro de Gobierno y afectar así al gobierno de León Febres Cordero.
Tartufo era antihéroe de una obra de Moliere, un falso devoto que no es en la realidad lo que quiere representar. El sainete que se ha montado con motivo de la participación electoral del movimiento Justicia Social y sus candidatos es un ejemplo de manipulación de la opinión pública; de tratar de presentar como verdades, mentiras evidentes; de boicotear un proceso en marcha; de usar a las autoridades en su propio beneficio; de hacer caso omiso a la lucha contra la corrupción en que se encuentra empeñado el país, así como de un desprecio olímpico y rampante a la institucionalidad democrática.
Primero, el vehículo. “Justicia Social” es un movimiento vinculado al caso “sobornos”, uno de los mas emblemáticos de los últimos años. Tanto que la Corte Constitucional, cuya jueza era la abogada Pamela Martínez, funcionaba en Guayaquil en el edificio de la sede del Colegio de Abogados, cuyo presidente era su esposo. Tanto que el entonces presidente del Colegio de Abogados organizaba los mítines del candidato Correa el año 2017. El vinculo del movimiento político y varias personas vinculadas al caso sobornos era muy cercano y las irregularidades que se encontraron, entre ellas el inventar números de cédulas para aumentar el número de adherentes, motivó que la Contraloría pida al CNE su eliminación del registro electoral. Al igual que a otros partidos.
Durante la fase previa a la inscripción de candidaturas, el entonces candidato del movimiento, Fabricio Correa, declinó su candidatura denunciando que algunos directivos pretendían “introducir candidatos ajenos a (los presentados) en sus primarias y hacer ganar a gente vinculada a la revolución ciudadana” (El Comercio, septiembre 21).
Ello demuestra dos cosas: que ya en septiembre se pretendía presentar candidatos “ajenos a sus primarias” (igual que ahora) y que estaba vinculado al correísmo. Mientras esto sucedía, otras organizaciones cumplían con la ley, efectuaban sus primarias, hacían alianzas, inscribían candidatos, presentaban planes de gobierno, etc. Es decir, cumplían con nuestra imperfecta pero posible democracia.
De pronto, súbitamente, este movimiento es habilitado para participar en los comicios por el Tribunal Contencioso Electoral, organismo que debe aplicar la ley y al mismo tiempo también garantizar el proceso electoral en condiciones de igualdad, sin perturbar la marcha de un proceso que tiene sus tiempos para hacer primarias, nominar candidatos, escoger binomios, etc., sin angustiar a la democracia como lo está haciendo un organismo llamado a garantizarla y protegerla.
Se dice entonces, “es que el CNE está politizado, al servicio de dos o tres líderes y quieren marginar de la contienda a los candidatos de Justicia Social”. No, es totalmente al revés. Es el Contencioso Electoral el que, en extrañas decisiones, no solo le permite a un movimiento con moralmente cuestionado, el hacer nuevas primarias, sino que permite que quienes no estuvieron en las primarias previas, es decir “ajenos a las primarias” como lo dijo Fabricio Correa cuando retiró su candidatura, puedan participar en ellas, alterando totalmente las reglas del juego en base a las cuales el resto de participantes ya jugó, poniéndose al servicio de determinados grupos y de sociedades conyugales que pretenden, por la ventana, acceder al ejecutivo.
Naturalmente, existen corifeos que claman por la libertad de participación, por los derechos de los ciudadanos y tienen su particular interpretación de la democracia, tratando de acomodarla a sus intereses y a sus tiempos, y dicen “es que le tienen miedo al candidato”. No es así. Ni el movimiento ni el candidato tienen corona alguna para participar cuando quieren, inscribirse cuando gusten, sometiendo al país a sus propias reglas.
Cuanto de estas angustias nos hubiéramos ahorrado si desde el principio los interesados en participar así lo hubiesen manifestado y luchado por ello, en lugar de esperar agazapados el momento electoral que ellos consideran “oportuno” para aparecer de pronto y pretender alterar hasta la fecha misma de las elecciones, llevados quien sabe por que consejos, vanidades o ambiciones que debieron darse en sus momentos.
Aquí las “victimas” no son los candidatos de Justicia Social. Somos todos los ecuatorianos que estamos sometidos a estos caprichos de ultima hora solapados por tribunales sin energía para poner las cosas en su sitio, así como lo ha hecho la Corte Suprema de Estados Unidos, que, a pesar de la mayoría conservadora, le ha parado el carro al magnate-candidato a la reelección.
Todo esto ocurre debido a que las leyes que tenemos son oscuras, vagas y sujetas a interpretaciones. A que el correismo dejó profundamente lastimada la institucionalidad del país. Y a que el Contencioso Electoral ha antepuesto, las aspiraciones particulares de un grupo, a la estabilidad que debe tener un proceso electoral a muy pocos días de imprimirse las papeletas con los nombres de los candidatos.