Guayaquil, Ecuador
El presidente del Tribunal Contencioso Electoral ha denunciado que un tercero le ha dicho de una supuesta compra de conciencias en el Consejo Nacional Electoral con relación a un caso judicial. Semejante denuncia no la ha presentado ante la Fiscalía, y menos ha acompañado a sus afirmaciones suficientes pruebas serias y convincentes que den un mínimo de sustento a sus afirmaciones. Lo ha hecho en un video que circula en las redes sociales. Así de increíble. ¿Cómo entender que un magistrado, un juez, alguien que ocupa una altísima función pública, una persona que ostenta un cargo de gran relevancia, aparezca un buen día por un video a decir semejante cosa? ¿Ese el grado de prudencia y nivel de seriedad que se espera de un juez?
Pero en vez de ir por allí gritando “ladrón, ladrón” con lo que distraen la atención del país, sería mejor que nos expliquen algunas cosas. ¿Cómo fue posible, por ejemplo, que una organización política fundada por personajes vinculados con la trama de corrupción de Odebrecht y por la que han sido condenados judicialmente haya sido calificada como un movimiento apto para terciar en las elecciones? ¿Sobre qué fundamentos éticos y jurídicos se adoptó semejante resolución? Que una organización creada como consecuencia del lavado de dinero pueda inscribirse con iguales derechos a otras organizaciones que no tienen a la corrupción como partida de nacimiento, y que pueda participar en un proceso electoral y que como tal tenga derecho inclusive a recibir fondos públicos es una bofetada a la decencia del Ecuador, un crimen a la democracia que lo cometen paradójicamente quienes están llamados a ser sus guardianes.
Y de paso, ahora se pretende que para satisfacer los apetitos electorales de esta organización, el Consejo Nacional Electoral altere el cronograma de las elecciones presidenciales, viole la Constitución y viole el Código de la Democracia. El país no puede aceptar que dicho cronograma sea modificado solo por darle gusto a estos señores. En vez de gritar “ladrón, ladrón”, mejor aclaren su conducta.
Lo anterior no es sino el más reciente capítulo del proceso de degeneración en el que está inmerso el Ecuador desde hace varios años. Así fue como en Colombia llegó el narcotráfico a gobernar, apoderándose y corrompiendo los procesos electorales. Hace poco los ecuatorianos fuimos testigos de cómo los jueces electorales permitieron que otra organización política dirigida también por una mafia inscriba a sus candidatos a pesar de que la ley ordenaba lo contrario. Pero como se trataba de un movimiento muy popular, según algunos, había entonces que permitir que la popularidad haga posible lo que la ley no permite. Es como si la popularidad o la corrupción –y peor cuando las dos van de la mano– estuvieran por encima de la ley y la ética pública en nuestro país. Las decisiones que se han tomado en materia electoral, con el nefasto efecto de darle un segundo enjuague al dinero mal habido, deben servirnos de advertencia de cuan profunda es nuestra crisis.
Así es como las sociedades van destruyendo sus instituciones, van enterrando su porvenir, van cayendo en manos de demagogos, de delincuentes, de mafiosos y mediocres. ¿Cuánto más va a resistir el país? ¿En qué momento la sociedad llegará a un punto de desencuentro total?