El juez Ángel Torres Maldonado, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ha resuelto en primera instancia la destitución de cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral por «incurrir en una infracción electoral
muy grave», acogiendo la denuncia de Jimmi Salazar, director de Justicia Social, que intenta inscribir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa.
En un escrito colgado en la web oficial del TCE aparece la resolución judicial emitida hoy por la que se declara a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y a los consejeros Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, «responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave».
El documento, de 75 páginas, sostiene que los integrantes del principal órgano electoral del país vulneraron la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, así como el Código de la Democracia.
Les sanciona además con una multa de 70 remuneraciones básicas unificadas (28.000 dólares), así como la destitución de sus cargos de consejeros principales y la suspensión de sus derechos de participación durante cuatro años, «sanciones que se harán efectivas inmediatamente después de la ejecutoria» de la sentencia.
Justicia Social, que había escogido a Fabricio Correa Delgado (hermano del expresidente Rafael Correa) fue eliminado del registro de partidos por el Consejo Nacional Electoral después que un informe de la Contraloría determinó que las firmas que había presentado para su aprobación como partido, eran falsas.
¿Qué es Justicia Social?
El director de Justicia Social, Jimmi Salazar, está casado con Pamela Martínez, exsecretaria del expresidente Rafael Correa. Ambos han sido condenados a prisión por cohecho en el Caso Sobornos. Antes que la candidatura de Fabricio Correa pueda ser inscrita, este renunció a la misma, explicando que el partido era manejado por su hermano.
No obstante, el 7 de noviembre, Ángel Torres, juez electoral del Tribunal Contencioso, ordenó al CNE que restituya a Justicia Social en la lista de los partidos existentes, y le otorgue un nuevo plazo para concluir con los procesos de inscripción de candidatos que se hubieran interrumpido, pese a que el plazo para inscribir candidaturas había ya terminado el 7 de octubre de 2020.
La resolución del juez también ordenada que se permitan realizar los procesos de democracia interna que no se hubieran realizado.
Horas después, Jimmi Salazar anunció la intención de inscibir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa Pontón, quien había anunciado dos veces en meses antes que desistía de su intención de candidatizarse.
El 12 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral respondió que Justicia Social no podía inscribir una candidatura presidencial porque ese proceso ya había terminado. Que el movimiento ya había realizado un proceso de democracia interna, elegido a Fabricio Correa, y ante su renuncia, había escogido a Carlos Cassanelo.
El CNE, al tiempo que descartó que Justicia Social presente una nueva candidatura presidencial, demandó a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el caso, alegando que el Contencioso interfería en sus funciones. La Corte Constitucional, sin embargo, desestimó dirimir el problema.
Candidatura de Alvarito
En los últimos meses simpatizantes de Noboa se han manifestado frente al CNE para exigir la calificación y admisión de su candidatura para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista en Ecuador el próximo 7 de febrero.
«En el presente caso, la gravedad del incumplimiento de un mandato constitucional ha conllevado a la vulneración de varios principios jurídicos de carácter administrativo y electoral, y es de tal magnitud que no están definidas aún las candidaturas por las que los ecuatorianos deban expresarse en las elecciones generales de 2021», reza la resolución emitida hoy.
El Tribunal electoral añade que la «actuación de los consejeros electorales denunciados resulta inaceptable en un Estado constitucional de derechos y justicia», y sugiere que han buscado «dilatar en el tiempo con resoluciones contrarias al deber y al ordenamiento jurídico para justificar la imposibilidad de cumplir una sentencia».
Por el momento se desconoce el impacto de esta decisión del TCE en el proceso electoral en curso.
- Con reportes de EFE
