Guayaquil, Ecuador
El correismo se acostumbró por más de diez años a destruir la vida de la gente que no le obedecía. Ahora hemos cumplido 4 años del gobierno de Lenín Moreno, su ungido, a quien agradezco haber terminado las sabatinas y cambiar el tono violento del gobierno de Alianza País así como la modalidad constante de persecución. Los correistas reclaman la traición que les arrebató el control de las manos.
Es importante recordar que las funciones del estado las controlaba Rafael Correa; Juan Pablo Pozo era el ejecutor obediente en la función electoral, la Senain fue alimentada con millonarios recursos, que no fueron auditados, para cometer abusos de espionaje, persecución, allanamientos, secuestro, entre otros. La función judicial atendía las llamadas y correos de presidencia para alinear sentencias y perseguir, incluso, al diario de mayor circulación nacional. Quizá la única función que controlaban de manera legítima era la Asamblea Nacional porque el país les dio ese poder mediante el voto y con este poder reformaron, abusando de sus capacidades, la Constitución para intentar perpetuarse en el poder.
Los casos y ejemplos de mayor perfil los conocemos todos y en un sistema judicial enfermo hemos perdido la fe en la administración de justicia. Lo que vemos hoy no es producto del gobierno de Moreno sino la herencia que nos dejó el gobierno de Correa fortalecida por el desgobierno. ¿Cuántas personas no fueron perseguidas y entrampadas por la Senain? ¿Cuántos periodistas, activistas y empresarios no sufrieron la pérdida del esfuerzo de toda una vida porque la máquina de extorsión correista los ubicó como blanco? Instrumentos de persecución como coactivas, glosas, multas de la Secom, denuncias penales, ya pocos hablan de eso; de cómo se persiguió durante el correismo, perdemos la memoria y nos arriesgamos a vivirlo de nuevo. La indefensión y la indiferencia en el estado de abuso son la principal razón para perpetuar esos mecanismos.
En ese contexto está el caso también de Carolina Astudillo, acusada de lavado de activos a base de un informe fraudulento de la UAFE elaborado en diciembre 2016, que indujo a error a la fiscalía. Con documentación fraudulenta se dio paso a una causa penal contra Carlos Pareja Cordero y su familia, acudieron a la corte de Florida para que corrobore la información presentada por la UAFE y esa corte estableció que los correos fueron hackeados, que la UAFE, en el 2016, cometió fraude en su reporte mediante la manipulación de la información bancaria obtenida de los correos y que las partes involucradas fueron procesados injustamente. El caso llegó a casación y por una observación de forma el proceso desconoce el tema de fondo: que la información es fraudulenta. La señora Astudillo fue condenada a 17 años de prisión. ¿Es esto justicia?
Los mecanismos de presión en el manejo del poder son reales, pero perpetuar causas cuya lógica se desbarata es la mayor evidencia del estado de indefensión. El estado de derecho es una archimeta del estado ecuatoriano y digo “archi” porque parece estar tremendamente lejos. Hoy el candidato del correismo anuncia a voz en cuello que no necesita indultar a Rafael Correa, sentenciado en caso sobornos, porque los jueces -solitos- revisarán la sentencia -ejecutoriada-. Vuelve el correismo con sus propios artificios y mientras tanto, ¿qué pasa con la justicia?