Quito, Ecuador
Preguntado sobre si el recuento de votos en diecisiete provincias, pedido por él y Pachakutik, podía ser ilegal, Yaku Pérez afirmó que, en el supuesto no consentido de que así fuera, la legitimidad primaba sobre la legalidad. “Entre la legitimidad y la legalidad ¿qué es lo más importante?”, preguntó al periodista que lo entrevistaba. “La legitimidad, pues”, él mismo se contestó.
La afirmación de Yaku es la demostración palmaria de que, para él, sobre el principio de legalidad que caracteriza a un Estado de Derecho debe primar el principio de excepcionalidad. Según el cual, siempre hay una razón para que la ley no se aplique.
Como niega el principio de legalidad, Pérez no tiene problemas en oponer de manera absoluta la legalidad a la legitimidad. Siendo que, en realidad, estas nociones no se oponen, sino que más bien, al menos en un régimen democrático, la una, la legalidad, es la fuente de la otra. Y que, por este motivo, no es posible hablar de legitimidad fuera de la legalidad.
Una vez que un régimen democrático ha instaurado sus leyes e instituciones, son estas las que establecen las condiciones en las que deben darse los procesos de legitimación tanto de la autoridad como de las decisiones emanadas de ella.
La noción de legitimidad, como se sabe, está asociada a las ideas de acuerdo y aceptación. Así, en una democracia presidencialista, un presidente es legítimo cuando ha sido elegido para ocupar el cargo por la mayoría de la población con derecho al voto. El total de ciudadanos que constituye la mayoría cambia según las legislaciones e, incluso, según el cargo que se vaya a elegir. Jorge Yunda llegó a ser alcalde de la ciudad de Quito con alrededor del 20% del total de votos, mientras que Lenín Moreno obtuvo la presidencia de la república con más del cincuenta (eso dicen).
Las condiciones en las que debe expresarse la voluntad de los ciudadanos, es decir, su acuerdo con uno u otro candidato, están definidas en la ley. Si esas condiciones no se respetan, se estará obstaculizando la expresión de la voluntad de los ciudadanos y distorsionando su sentido. Así, la elección del candidato resultará al mismo tiempo ilegal e ilegítima. Los ciudadanos acuden a las urnas sabiendo que hay unas reglas de juego a las que todos deben someterse. Estas reglas se encuentran definidas en la ley. Romperla es romper las reglas del juego e irrespetar la voluntad de la ciudadanía.
La ley ha sido elaborada por personas elegidas por los ciudadanos para representarlos y tomar las decisiones en su nombre. Si alguien contraría la voluntad de los ciudadanos, expresada, a través de los representantes que ha elegido, en la ley que estos han elaborado en su nombre, estará actuando de manera ilegal e ilegítima.
Por las razones anteriores, la solución “supralegal”, como calificó el consejero del CNE, Luis Verdesoto, al acuerdo entre los candidatos Lasso y Pérez para un recuento de votos que no estaba contemplado en el “Código de la Democracia”, es ilegal e ilegítima.
Imagínense ustedes lo mal que estamos para que una autoridad, cuya misión es cumplir y hacer cumplir la ley, defienda la adopción de medidas ilegales para resolver un problema que tiene una solución clara y precisa en la normativa vigente. Que las autoridades defiendan y avalen decisiones que van más allá de la ley nos dice que, para ellas, el “Estado de derecho” no es más que una expresión retórica.
Hay, sin embargo, un sentido de la noción de legitimidad que no tiene que ver necesariamente con la ley y que se refiere al nivel de aceptación de un gobernante o de las decisiones de las autoridades. De acuerdo con él, los funcionarios que han sido elegidos respetando las disposiciones legales y que, por tanto, son autoridades legítimas, pueden, en algún momento del ejercicio de sus funciones, perder la aceptación mayoritaria de los ciudadanos. A esta disminución de la aceptación pública, que puede llevar en algunos casos a la resistencia a la autoridad, suele llamársele “pérdida de legitimidad”. La cual, en este caso, equivale a popularidad.
Sin embargo, y en este mismo sentido, la mayor legitimidad de una autoridad o, incluso, de un acto legislativo o de gobierno, no es necesariamente positiva. Hitler mantuvo durante mucho tiempo, y pese a sus actuaciones autoritarias y lesivas de los derechos humanos, el apoyo mayoritario y fervoroso de los ciudadanos de Alemania. Chávez, Erdogan, Trump han sido, también, muy populares y han gobernado y atropellado a las personas apoyados en su amplia legitimidad.
Yaku Pérez, cuando habla de legitimidad oponiéndola a la legalidad, está hablando de la legitimidad al estilo Erdogan o Trump. Y, no contento con esto, trata de hacérnosla pasar como la quintaesencia de la democracia.
Hay desprevenidos que caen en la trampa. Ojalá abran los ojos. Ojalá abra los ojos el consejero Verdesoto.
