París, 27 feb (EFE).- La justicia francesa ha decidido archivar la investigación por crímenes de guerra y contra la humanidad sobre un antiguo oficial del ejército sirio que, desde comienzos de 2012, decidió denunciar la represión del régimen de Bachar al Asad y acabó huyendo de su país.
El diario Le Parisien reveló este sábado que la jueza de instrucción Stéphanie Tacheau ordenó el pasado 25 de enero el cierre definitivo de la causa contra Sami Kurdi, que tiene ahora 43 años y llegó en octubre de 2013 a Francia para refugiarse con su mujer y sus hijos.
CRÍMENES DE GUERRA
La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) había iniciado en abril de 2017 una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad después de que su demanda de asilo hubiera sido rechazada, a diferencia de la de su esposa, por considerar que su disidencia con la represión había sido tardía.
La Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra) no solo se había pronunciado contra la concesión del asilo, sino que comunicó a la PNAT sus sospechas de que pudo haber sido cómplice de las acciones sanguinarias del régimen de Asad.
Kurdi, que siempre se ha defendido de haber cometido esas acciones en sus responsabilidades militares, no llegó a estar en ningún momento formalmente inculpado. En junio de 2018, el juez instructor que lo convocó lo puso bajo el estatuto de «testigo asistido», a medio camino entre el de simple testigo y acusado.
Entró en el ejército en 1995 y cuando comenzaron las revueltas contra Asad en 2011 se le encargaron misiones de seguridad en Homs, uno de los bastiones de los grupos opositores. En junio de ese año tuvo que ocuparse de un puesto de control a la entrada de la ciudad de Rastan, al norte de Homs.
Según sus explicaciones -que su abogada apoyó en testimonios de habitantes-, no solo en sus controles no hubo muertos ni detenidos, sino que por el contrario facilitaba el tránsito de las ambulancias y se mostraba flexible con los civiles.
En febrero de 2012, fue uno de los primeros oficiales que se desmarcaron de la represión y se convirtió en uno de sus portavoces, algo que tuvo un elevado costo para su familia, ya que varios de sus miembros fueron ejecutados, incluido su hermano.
Esas eran las conclusiones a las que habían llegado desde diciembre de 2018 los investigadores franceses de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad, los Genocidios y los Crímenes de Guerra (OCLCH).
Pese a todo, la PNAT en julio de 2020 pedía a la magistrada instructora que continuaran las pesquisas y los interrogatorios.
La jueza replicó el mes pasado -según los extractos publicados por Le Parisien- que lejos de verificarse las sospechas en su contra, la investigación lo que había hecho era reforzar la imagen de Kurdi como «víctima de la guerra» forzado al exilio.
Es más, en tono de reproche a la Fiscalía, señalaba que los medios limitados de la justicia debían dedicarse a investigar a personas para las que «existen indicios graves y concordantes» de que han delinquido, y no para las que no se ha encontrado ningún elemento de prueba en contra. EFE (I)