Guayaquil, Ecuador
Este domingo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir al nuevo presidente de nuestro país en medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Las dos alternativas a la que nos enfrentaremos no podrían ser más distintas.
Por un lado el nuevo delfín de Rafael Correa, quien busca abiertamente la restauración del proyecto autoritario correista y la impunidad para todos los miembros de su organización sentenciados por corrupción por la justicia ecuatoriana; y del otro lado, Guillermo Lasso, quien de manera valiente ha liderado la oposición democrática desde hace varios años; y que le ofrece al Ecuador una alternativa de crecimiento económico basada en el respeto irrestricto a las libertades individuales y en la iniciativa privada.
Es por ello que esta elección ha sido calificada por muchos analistas como la “elección más importante de la historia republicana del Ecuador”. Y no se equivocan.
Esta idea podría resultar una exageración para quienes con una mirada superficial (y hasta cínica) de la realidad nacional, podrían recordarnos que las elecciones anteriores también fueron catalogadas de igual manera y que lo ocurrido en este periodo presidencial (para bien o para mal), difícilmente podría ser calificado como trascendental. Nada más alejado de la realidad.
La anterior fue efectivamente una elección determinante, con la que el correismo pretendió garantizar la consolidación de su proyecto autoritario y la instauración de un régimen de partido único, donde el Estado (y el partido) asumieran un control cada vez más férreo sobre las vidas y los bienes de los ciudadanos. Este proyecto fue trastocado por la decisión de Lenín Moreno de apartarse de la línea del Socialismo del Siglo XXI e impulsar reformas como la prohibición de la reelección indefinida, que buscaban recomponer parte de la institucionalidad democrática destruida por su antecesor.
No resulta muy difícil imaginar que cuatro años después y con lecciones muy bien aprendidas, en caso ganar las elecciones, el correismo no escatimará esfuerzos para asegurar su permanencia indefinida en el poder y para garantizar la impunidad de sus delitos. Preguntado sobre un posible indulto a Rafael Correa, el candidato Arauz respondió cándidamente que “no va a ser necesario aplicar el indulto porque los mismos jueces van a revisar las decisiones judiciales”.
El mensaje a los jueces resulta evidente: más les vale que vuelvan al orden anterior rápidamente, donde la justicia era uno de los brazos ejecutores del régimen para proteger a los suyos y castigar a sus enemigos. El resto es receta conocida: toma de control del CNE y de la Corte Constitucional, convocatoria a asamblea constituyente y la expedición de leyes y decretos para sancionar a personas y medios de comunicación que se permitan cuestionar “la verdad oficial”.
La principal novedad que ofrece el Correato 2.0 viene por el lado de la economía. Parte de los aprendizajes de este periodo fuera del poder, es la importancia de disponer de todas las herramientas de política económica para la consolidación del régimen. Es ahí, donde la dolarización se convierte en estorbo contra el que chocan sus delirios populistas. Y por ello sus días estarán contados si vuelven al poder. Sin dolarización de por medio, el control de la economía por parte del estado será total, donde ganadores y perdedores serán determinados no por su eficiencia o por su creatividad, sino por el grado de cercanía o antipatía con los jerarcas de la tiranía.
Resulta inaceptable que el país se enfrente cada 4 años a la disyuntiva de elegir entre quienes ofrecen respetar y fortalecer la democracia; y entre quienes abiertamente buscan liquidarla para eternizarse en el poder; como si se tratara de dos visiones igualmente legítimas.
La ingenuidad con la que se ha enfrentado a quienes la justicia ha sentenciado como una “organización criminal”, tiene que ser corregida. La democracia ecuatoriana exige para garantizar su supervivencia, una reforma política profunda que garantice la participación electoral únicamente a quienes se comprometan de palabra y de obra a respetarla, y que excluya a quienes han actuado en el pasado para subvertirla y a quienes no han dudado en acudir a terroristas y narcotraficantes para financiar sus campañas.
Esta reforma política debe propender a la construcción de un sistema de partidos plurales, con fundamento ideológico y que gocen de democracia interna; elementos indispensables para impedir que volvamos a sufrir (y financiar con recursos públicos) el triste espectáculo de la primera vuelta, donde proliferaron candidaturas sin respaldo popular ni sustento ideológico; cuya única contribución al escenario electoral ha sido la de intentar confundir a los ciudadanos, dispersando el voto de quienes se oponen al retorno de los autoritarios, facilitándolo en la práctica.
Es por ello, que la alianza electoral entre CREO y el Partido Social Cristiano constituye una señal de esperanza de que la democracia ecuatoriana puede ser fortalecida, mediante la construcción de espacios amplios donde sin dejar de lado las legítimas diferencias de matices ideológicos; sea capaz de llegar a acuerdos sobre los cambios urgentes que el país requiere. No hace falta ser simpatizante de ninguna de las dos organizaciones para celebrarlo y optar por esta como la mejor opción para defender la democracia, en la elección más importante de nuestra historia republicana.
