Guayaquil, Ecuador
Hay un antecedente, el 3 de mayo de 2007, Correa, creó la Comisión de la Verdad, para investigar supuestas violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien fue parte activa de los subversivos, Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de los miembros del grupo subversivo “Alfaro vive carajo” (AVC). Este comité a las claras se constituyó en “juez y parte”.
Ahora, a instancias del Defensor del Pueblo, se conformó una “comisión de la verdad” para investigar los hechos violentos de octubre de 2019, sin más ni más, un informe sesgado y de mala fe, concluyó pretendiendo acusar a las instituciones que intervinieron para devolverle la paz y seguridad al país, de “Crímenes de Lesa Humanidad”.
El mencionado informe, deliberadamente no dice que en octubre de 2019, hubo una violencia sin precedentes. Quito estuvo a merced de verdaderas hordas que destruyeron gran parte de la ciudad; secuestraron y vejaron, a periodistas, militares y policías, emplearon tácticas militares para atacar con armas artesanales, incendiaron el edificio de la Contraloría, intentaron tomarse un cuartel militar, hubo saqueos, destrucción de vehículos militares, etcétera.
Además, uno de los dirigentes, de los más rabiosos e incendiarios, insultó procazmente al primer mandatario, ordenó cerrar los pozos petroleros, pidió a las Fuerzas Armadas desconocer al gobierno legalmente constituido. Otros exaltados manifestantes llegaron a cerrar el suministro del líquido vital de algunas ciudades y a destruir florícolas y plantaciones agrícolas que estaban listas para su cosecha y comercialización.
Hay que recordar que los estados, a través de sus gobiernos legítimos, tienen la obligación de proteger a la sociedad de las acciones violentas organizadas, armadas y apoyadas por un aparato político; haciendo uso legítimo de la fuerza para neutralizar y destruir a esas organizaciones que operan al margen de la ley; por lo tanto los miembros de la fuerza pública cumplieron estrictamente su deber, para preservar la seguridad e institucionalidad del Estado, ante el peligro de grupos subversivos que en sus públicas proclamas amenazaban destruir el orden constituido.
Pese a los ataques virulentos de subversivos, las Fuerzas Armadas actuaron dentro del marco de la Constitución, protegiendo los derechos, garantías, libertades y derechos humanos de los ciudadanos, jamás se utilizó proyectiles de armamento letal alguno.
Visto así; la acusación del malhadado informe tiende a menoscabar el prestigio y el honor de las gloriosas Fuerzas Armadas, institución histórica; querida, admirada y respetada por el pueblo ecuatoriano.