La petrolera Pluspetrol responsabilizó de la liquidación de su filial en Perú, Pluspetrol Norte (PPN), a la empresa estatal Perupetro y aseguró que esta «falta a la verdad para evitar su propia responsabilidad» en el conflicto que los enfrenta.
«Las acusaciones que Perupetro ha lanzado sobre la liquidación de PPN no responden a la verdad y son un intento de evadir su propia responsabilidad en el cese de la operación de la empresa», indicó la petrolera en un comunicado enviado este viernes a Efe.
El pasado 27 de abril se informó que el Estado peruano y la petrolera acudirán a un arbitraje internacional luego de que la empresa anunciase la liquidación de la filial que manejaba dos yacimientos en la Amazonía peruana, donde las autoridades le exigen descontaminar todas las zonas afectadas por la actividad petrolera.
LA POSICIÓN SOBRE PERUPETRO
Pluspetrol aseguró, al respecto, que Perupetro «atentando contra la ley peruana que establece el principio ‘el contaminador es el pagador'», emitió un informe «donde establecía que PPN debía remediar los pasivos generados por los operadores de las décadas anteriores a la llegada de la empresa».
Aseguró que la empresa estatal también «desconoció el resultado del arbitraje internacional al que se sometió junto a PPN cuando el tribunal dijo que «PPN no asumió contractualmente responsabilidad» sobre pasivos anteriores a su operación (lo sigue desconociendo, pues no lo menciona en su comunicado)».
La trasnacional añadió que Perupetro «fue quien inició el arbitrario proceso» por el que el organismo de fiscalización ambiental peruano OEFA «ha venido imponiendo a PPN multas masivas (y, en vista del laudo, claramente ilegales) para que acepte remediar estos pasivos ajenos».
NIEGA PERJUICIO AL PAÍS
Pluspetrol también negó las afirmaciones de Perupetro de que la salida de PPN «perjudicará a la región y al país por dejar de generar canon y regalías al ya no seguir operando en el Perú».
«Si PPN se liquida es porque con sus arbitrarias actuaciones Perupetro puso en riesgo el valor entero de su inversión, dando una pésima señal para las inversiones que se supone está llamada a promover», acotó.
Indicó, al respecto, que «la empresa no ha incumplido ni incumplirá convenio alguno con las comunidades» nativas, ya que al decidir la liquidación «estableció un fideicomiso para garantizar el cumplimiento de estos convenios aún luego de su disolución».
Sostuvo que «nunca ha dejado de pagar ninguna multa legalmente exigible» y que «no es cierto que la liquidación deje en el aire las obligaciones derivadas del contrato de licencia: las aplicables siguen vigentes y exigibles».
«Lamentamos que Perupetro intente engañar de esta forma a la opinión pública: la real causa de la situación en la que se encuentra PPN ha sido la conducta de Perupetro y de quienes como OEFA, contra la ley peruana, contra los contratos firmados por el Estado y contra un laudo internacional, la secundaron en su arbitrariedad», concluyó.
EL ARBITRAJE INTERNACIONAL
El arbitraje entre el Estado peruano y Pluspetrol estará a cargo de la Cámara de Comercio Internacional de París, según anunció la denunciante Perupetro, que también solicitó una medida cautelar a la Justicia peruana para congelar la liquidación de PPN, que consideró un «acto abusivo y de mala fe».
PPN manejó el Lote 192, el yacimiento más grande de Perú, hasta 2015, y el Lote 8 hasta el anuncio a fines de 2020 de su liquidación, pese a tener contrato hasta 2024.
Por ese motivo, la medida cautelar también busca mantener en vigor el contrato del Lote 8 e impedir que el Estado se quede sin percibir el canon y las regalías del petróleo que se dejará de extraer, así como evitar afectaciones a las comunidades de la zona.
La empresa estatal sostiene que el perjuicio económico para el Estado ha sido valorado en 42 millones de dólares por regalías y 35 millones de dólares por el canon, que va directamente al gobierno regional y a los municipios donde se encuentran los pozos. La República.