Guayaquil, Ecuador
El pasado 5 de junio, el presidente Guillermo Lasso inició el Día Mundial del Medio Ambiente rebautizando al Ministerio del Ambiente y Agua como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El cambio de término, explicó, responde al objetivo de su administración de “transitar hacia formas de producción circulares, inagotables e inclusive regeneradoras.” Es decir, transitar a un desarrollo sostenible.
Lo ecológico se refiere al equilibrio de las relaciones dentro de los ecosistemas y el presidente parece reconocer, más allá de los beneficios, las mejoras necesarias a los modelos productivos actuales en este aspecto. La naturaleza, dijo Lasso, “no es un conjunto de cosas inanimadas de las que podemos disponer arbitrariamente” porque “en ella está la vida misma.”
Si bien esta visión científica, que enfatiza la necesidad de integrar los sistemas humanos en el balance ecosistémico, es enteramente positiva y laudable, las razones podrían estar más asociadas a las relaciones internacionales y la promesa de la administración de abrir el Ecuador al comercio internacional. El presidente lo ha reconocido así: “Este es el modelo que impera en el mundo, en los nuevos acuerdos comerciales y en la diplomacia mundial.” En efecto, “con este cambio de nombre estamos diciéndole al planeta que Ecuador está listo para estrechar lazos,” agregó.
Desde Bucay, junto a la comunidad Shuar de río Limón, @Ambiente_Ec pasa a ser el Ministerio del Ambiente, Agua y #TransiciónEcológica.
Agradecemos al presidente Julio Chiriapa y a los miembros de la comunidad por ser parte de este encuentro por el ambiente.#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/FXcLXqC1Ev
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 5, 2021
La noción del ser humano separado de la naturaleza por una relación de dominación y explotación degenera en diversos impactos que, en términos económicos, se traducen en costos. Nuestro sistema productivo se construyó dejando estos costos fuera de los balances empresariales. Es decir, son costos que han sido externalizados sin incentivos para su integración y gestión. En Ecuador lo vemos, más que nada, en uno de sus sectores más característicos: el sector extractivo.
Las industrias petroleras y mineras son de alto impacto. Su desarrollo implica una transformación significativa del territorio. La minería, por ejemplo, afecta el balance ecológico de su área de influencia cuando afecta los llamados servicios ecosistémicos. Esto es, servicios que el ecosistema provee a las sociedades humanas. Por este motivo, es crucial que estos sectores se integren a la transición a un modelo sostenible. La pregunta es cómo.
El caso del proyecto Río Blanco, uno de la docena de proyectos considerados estratégicos para la reactivación económica del país, es ilustrativo. Muchos pobladores (que incluyen a grupos indígenas) de la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, han estado en conflicto abierto con la compañía china que realiza las operaciones. Desde 2018 ha existido violencia entre los pobladores y personal de Río Blanco. Algunos han tenido que vender sus tierras y viviendas, abandonando el lugar a causa del conflicto. Más serio aún, la preocupación de las comunidades recae en la posible contaminación de sus fuentes de agua, que a su vez son el nacimiento de flujos que proveen sustento a mayores centros poblacionales y agrícolas que trascienden los límites provinciales. Es decir, es un servicio ecosistémico de importancia regional. Y todo esto sin mencionar los impactos de la minería ilegal, un agravante del conflicto desde que las operaciones se paralizaron.
Este caso, como otros, resalta un factor que se perdió en el discurso de sostenibilidad del presidente: la realidad es que la gestión ambiental no es sostenible sin la gestión social. Ambos impactos son dos caras de la misma moneda. De hecho, el proyecto Río Blanco realizó un estudio de impacto ambiental—para identificar los riesgos y las medidas de gestión necesarias para prevenir los impactos—pero no hay indicios de que se haya realizado un estudio de impacto social ni que se haya consultado a las comunidades. De haber sido así, el conflicto social se hubiera previsto, las preocupaciones comunitarias se hubieran considerado y las medidas de gestión de riesgos se habrían implementado con la participación de las comunidades, como lo hacen los líderes de la industria alrededor el mundo.
En consecuencia, la compañía ha perdido cientos de millones de dólares en su inversión, los pobladores han sufrido de violencia y han sido reasentados involuntariamente, mientras que la provincia aún no ve los resultados económicos que debieron surgir del proyecto. En resumen, todos pierden. Y aunque todos pierden en esta ecuación, quienes más sufren son las comunidades afectadas, que suelen ser de un entorno rural y por ende considerablemente sensibles al balance del ecosistema local.
La solución viene de la coordinación de la sociedad como un todo. Por un lado, las empresas deben empezar restableciendo los costos sociales que han sido externalizados para una toma de decisiones que sea mejor informada y sostenible. Esto se logra por medio de la implementación de sistemas de gestión de riesgos sociales que integren a los stakeholders (por ejemplo, las comunidades afectadas) al proceso de toma de decisiones. Por otro lado, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte de un cambio de paradigma productivo que guíe y colabore con las empresas. Esto se logra por medio del desarrollo de iniciativas y políticas públicas informadas por estándares internacionales de mejores prácticas.
Así como en los años 80 la política internacional empezó a tornar hacia nociones de desarrollo sostenible—balance de lo económico, ambiental y social—hoy los líderes de compañías multinacionales han empezado a aceptar el término licencia social. Es decir, en mejores prácticas ya no se habla solamente de la licencia legal y económica para justificar operaciones comerciales, sino también de una licencia social que proviene de la consulta y aprobación de los stakeholders. Esto genera mayor sostenibilidad operacional y estratégica, además de beneficiar a la sociedad.
Así, la transición ecológica que el presidente Lasso propone liderar a nivel regional es muy bienvenida pero no debe quedarse corta en términos de gestión social, especialmente en el caso de industrias de alto impacto. La gestión ambiental no es sostenible sin la gestión social y, citando al presidente, “ser ético con el planeta es buena política, pero también buen negocio.”
- Juan Diego Borbor es consultor en Community Wisdom Partners. www.communitywisdompartners.com juandiego@communitywisdompartners.com